RELACIONES ENTRE LOS TRES PODERES

DE LOS TRES PODERES DE GOBIERNO Y SU RELACIONAMIENTO. UNA VISIÓN DE UN ACTOR DEL PODER JUDICIAL

Exposición realizada el 27.11.2015 en el evento “A 30 años de Democracia. Los desafíos de la Democracia uruguaya”, en el Panel integrado con Raúl Sendic (Poder Legislativo) y Juan Andrés Roballo (Presidencia de la República) sobre el tema “Los tres Poderes y su relacionamiento” (¹).

La Democracia es el producto de una construcción colectiva que se elabora a través de una cultura de convivencia en el respeto y la tolerancia. En esta línea los uruguayos debemos sentirnos orgullosos de la Democracia que rediseñamos desde hace 30 años; el balance es positivo, a pesar de las luces y sombras que naturalmente se advierten en todo devenir democrático.

Existe una opinión positiva entre nuestra población respecto a sus tres Poderes de Estado o “rectius”, a sus tres Poderes de Gobierno, quienes son los que tienen la máxima responsabilidad en la conducción y en los destinos de la construcción democrática. Ciertos estudios nacionales e internacionales (Latinobarómetro, Eurobarómetro, World Economic Forum Transparency International, Informes de la Consultora Cifra de 2014 y 2015, el último Estudio Mundial de Valores sobre el Uruguay) dan cuenta de esta realidad y establecen diferentes números para medirla, que pueden ser discutibles. Sin tener presente algunos datos sobre percepción ciudadana sobre la gestión de los Poderes y organismos de Gobierno (y de alguno de sus titulares), aproximadamente:

• El 90 % de los uruguayos cree importante o muy importante vivir en Democracia;
• El Poder Legislativo posee un 45 % de percepción de representatividad; en este porcentaje los ciudadanos orientales se sienten representados en sus parlamentarios;
• El Presidente de la República cuenta con un 50 % de popularidad en cuanto a su imagen personal;
• Existe una percepción positiva a nivel de la población respecto al Poder Judicial uruguayo (un 53 %), que lo sitúa en el promedio de los Poderes Judiciales de Europa (especialmente similar a Francia). Este Poder posee en el Uruguay un ranking 21 de Transparencia y 20 de Independencia a nivel mundial, siendo el primero en Latinoamérica. Lo que no significa que haya que conformarse con ello, porque todos sabemos que hay mucho que trabajar en materia de Justicia.
• En Uruguay se confía más en el Presidente (59% confía), en la Suprema Corte de Justicia (49 %) en el Parlamento (44 %), en el sistema de justicia en general (43%).

En toda Democracia la soberanía de la Nación suele ejercerse compartiéndose el Poder (“pouvoir”) entre los tres Poderes (“puissances”) clásicos (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial). No son tres niveles diferentes ni escalones uno por encima del otro en cuanto al ejercicio del Poder, sino tres complejos orgánicos especializados confluyendo y complementándose entre sí, haciendo cada uno lo que tiene que hacer sin ser alguno más que alguno. La experiencia y las opiniones más calificadas coinciden en sostener que de esta manera se garantiza el libre juego de las libertades y prevalece la voluntad general.

Simón Bolívar sostuvo que “La justicia es la reina es la reina de las virtudes republicanas, y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad que son las columnas de este edificio”. El Prócer no se refería obviamente a la justicia del Poder Judicial, ni ponía a este Poder por encima de los otros (Legislativo y Ejecutivo), sino que se refería a la Justicia como un Valor que debe caracterizar a la acción republicana. Concierne a los tres Poderes de Gobierno obrar con Justicia. Los tres Poderes deben colaborar entre ellos para lograr que la Libertad y la Igualdad sea un espacio de oportunidades y de realizaciones transversalizado por la Justicia, que es el fin mismo de todo Estado. Pero en el Poder Judicial este Valor de Justicia tiene una connotación muy especial porque constituye la esencia de su tarea; su misión es otorgar en cada caso lo suyo a quien le corresponde, dentro del Derecho. Nosotros concebimos y al Poder Judicial como una trinchera de ideales para trabajar por un Mundo mejor.

El Poder Judicial tiene una característica especial respecto a los otros dos Poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. El Poder Judicial es un Poder democrático aunque no electivo, como garantía para el ciudadano de que los Magistrados que decidirán sobre su caso serán profesionales independientes a salvo de cualquier injerencia política, y para mejor idoneidad de contralor sobre el poder público en beneficio de los derechos y de las libertades de las personas. No ser electivo no hace al Poder Judicial menos representativo, pero le impone a éste y a sus Jueces una gran responsabilidad directa para con los habitantes, mayor que la de los otros Poderes de Gobierno. Porque debe ser el tutor principal (sin intermediarios y sin posibilidad de delegar o de denegar su acción) de los derechos y libertades de los habitantes, de tal modo que los arts. 23 de la Constitución y 109 de la Ley No. 15.750 preceptúan que “Todos los Jueces son responsables ante la ley, de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca” (²). Esta es la razón de ser del Poder Judicial, y en la acción para que esta tuición sea efectiva los Magistrados labran, en cuanto les corresponde funcionalmente acorde a sus competencias, la realidad de la Democracia. Por eso el Poder Judicial debe construir su legitimidad no por el discurso, sino a través de su labor jurídica con una impronta dedicada y exigente consigo, ímproba, valiente e independiente.

La experiencia histórica y mundial exige que el Poder Judicial no pueda tener un proyecto ideológico ni ejercerse con criterio partidista. El Poder Judicial no tiene que constituir ni una corporación ni un partido, porque su cometido es asegurar la tutela efectiva de los derechos a todos sin distinciones; debe ser el refugio de todos aquellos quienes tienen un derecho y su razón. Tampoco puede desempeñarse con criterio de clase, sin perjuicio de que en ciertos casos la justicia y las normas deben nivelar y empoderar a sectores estructuralmente más débiles, haciendo iguales a los naturalmente desiguales. Por eso la Independencia (política y de criterio) es la sustancia del Poder Judicial y de cada Juez. Existe una relación directa entre Independencia Judicial y Sanidad Democrática y por lo contrario, hay una proporcional relación entre corrupción judicial y autoritarismo, permeabilidad política y degradación institucional. Atacar la independencia del Poder Judicial es lesionar los derechos de las personas, especialmente de las que más sufren la maldad humana y las arbitrariedades del Poder. ¿Qué mejor y qué da más tranquilidad a cualquier individuo, cuando se encuentra dentro de una problemática jurídica que involucra sus intereses en la Justicia, que tener ante sí a un Juez siempre Independiente y por supuesto, que conozca el Derecho y posea sentido común? 

El Poder Judicial no es un mero dictador de sentencias o decisiones. Sus resoluciones provocan impacto en los sistemas político y social, y eso causa hasta cierta inquietud a los Jueces, cuando se aferran a creer que su tarea es puramente jurídica con prescindencia de sus repercusiones. No obstante, los nuevos requerimientos en que la sociedad demanda intervenga la justicia, obligan a los Magistrados judiciales ante la necesidad de brindar respuestas a la altura, y les impone actuar en ocasiones como válvulas de contención o de depuración en coyunturas sociales e institucionales. La gente monitorea cada vez más la acción de los tribunales, y tiene también derecho a reclamar una prestación de Justicia efectiva y razonable, aunque las decisiones jurisdiccionales son por naturaleza discutibles como lo son todas las decisiones que se adoptan en cualquiera de los órdenes de la vida. Bajo estas demandas el Poder Judicial no sólo resuelve conflictos de intereses concretos, sino que ha pasado a ser un protagonista que debe contribuir a los objetivos nacionales de Bienestar (afirmando derechos, libertades y protecciones), Seguridad (haciendo efectiva esta protección e imponiendo a su vez que todos cumplan sus deberes) y Desarrollo (articulando en las relaciones de trabajo, procurando la seriedad y seguridad en las inversiones y transacciones económicas). El papel que cumplen los Jueces en estos aspectos es observado por los inversores a la hora de decidir su establecimiento en cualquier país, como también es considerado para medir la calidad y nivel del mismo. Por eso la Justicia debería considerarse en nuestro país como una cuestión de Estado y sin embargo, en el Uruguay no lo es.

Actualmente el Poder Judicial posee un rol importante e invalorable dentro del diseño institucional del Estado y del Gobierno, lo que por contrapartida lo coloca bajo la exposición pública y ante la necesidad de construir una nueva legitimidad que no depende solamente de la calidad técnica de sus decisiones, sino que se logra a través de una labor digna y efectiva, creando canales de comunicación y atención ciudadana, generando y construyendo su propio pensamiento estratégico. El siglo XXI está llamado a ver un nuevo papel del Poder Judicial como protagonista indispensable en el juego democrático, lo que no se puede encarar con corporativismo o mesianismo, sino con vocación y compromiso de Servicio hacia las personas.

¿Cómo está actualmente el Poder Judicial construyendo en concreto su legitimidad, a pesar de no ser un cuerpo electivo? Seleccionando un cuerpo Profesional jurídica y psicológicamente a través de concursos de oposición y méritos, una Carrera Judicial que comenzando por los destinos más humildes se va preparando para mayores responsabilidades en destinos más complejos, asegurando experiencia e idoneidad, exigiendo la Capacitación de sus Jueces obligatoria (Acordada de la Suprema Corte de Justicia 7848), procurando garantizar el acceso más ágil de todos a la justicia. En lo institucional, determinó su rumbo y Valores a través del diseño de un Plan Estratégico a diez años (período 2015-2024; Acordada 7847), en cuya confección previamente se consultó a actores y operadores jurídicos como a diversos sectores de la sociedad civil (podemos decir realmente y con orgullo que el Plan Estratégico ha sido la producción de la elaboración de uruguayos). A través de este Plan Estratégico el Poder Judicial se propuso ser accesible y orientado a la protección oportuna de los derechos de las personas; con vocación de servicio y compromiso en la acción y comunicación con la sociedad; mejorando la comunicación con la población y con los restantes Poderes de Estado.

Entre sus tareas, el Poder Judicial en todo el mundo cumple un papel importante en la salud institucional y contra la corrupción de Gobierno. El mandato del Constituyente (que es el Pueblo mismo) y de la Ley ha ordenado al Poder Judicial el deber de controlar la actividad de los organismos políticos (implica a los restantes Poderes de Estado) y de sus soportes, y de imponerles acciones, para llevar a todos los hombres bajo la orientación y el freno del Derecho. La Carta Magna da en nuestro país al Poder Judicial la potestad de juzgar la adecuación a Constitución de las Leyes, y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (el otro pilar del sistema judicial) el imperativo de juzgar la legitimidad de los actos administrativos (sin perjuicio del control difuso que tiene cada Magistrado que tiene para ponderar la adecuación a Derecho de esas actuaciones administrativas, cuando se han ejercido en forma notoriamente ilegítima). Pero son mecanismos para asegurar la sanidad del Derecho y la calidad jurídica de las instituciones, no para que se crean los Magistrados los dueños del sistema. El Poder Judicial cumple por misión un papel de equilibrio institucional y no debe rehusar esa misión. Pero a su vez debe controlarse a sí mismo, dando el ejemplo y ofreciendo transparencia. Eso impone una gran disciplina de humildad a través de balanceos y contrapesos en la labor decisoria jurisdiccional (“self restraint”, “caveat judex”).

En el decurso del trabajo del Poder Judicial, en la delicada tarea de examinar la legitimidad de los actos legislativos y administrativos a través de los distintos juicios contra el Estado o que lo involucran, los Jueces están evaluando permanentemente el proceder de la Administración. Lo que a veces despierta la crítica o resquemor en los restantes Poderes de Gobierno, sobre todo cuando la decisión judicial que se adopta no les es favorable o pueda comprometer sus políticas o intereses. Cuando la Justicia actúa favorablemente al Gobierno suele decirse triunfalmente: “la Justicia ha laudado”, pero cuando la resolución judicial se dispone en contra se afirma: “debemos cuestionarnos qué clase de Jueces queremos”. Pero es el contralor judicial un control de Derecho estricto y para casos concretos; se trata de que todo vaya por las normas y dentro de los valores de la Constitución, lo que no es para mal para ninguno sino para bien de todos. Lo que aventa cualquier miedo de que los Jueces quieran advocarse la gestión de gobierno de los otros Poderes. Los Magistrados tienen muy claro en este país que el Poder Judicial no puede meterse en la natural competencia de los restantes Poderes, ni torcer su Agenda, ni decirles cómo tienen que tomar sus decisiones políticas. Los Jueces no son los manejadores del sistema; están sometidos al Derecho como lo están aquellos a quienes controlan. Es más, a diferencia de los integrantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, los Magistrados judiciales no tienen prerrogativas ni inmunidades. Cualquier desborde o intervención del Poder Judicial que no esté justificado, que esté ajeno a la defensa de la Constitución o de las Leyes, o que sea fuera de la opinabilidad natural de las decisiones judiciales y de las corrientes o discusiones sobre cómo deben solucionarse los temas jurídicos, está sujeto al contralor de la Constitución y de la Ley, y dentro de las atribuciones de los otros Poderes de Estado.

El trabajo de contralor sobre sí mismo y sobre los restantes organismos del Estado ha deparado en ocasiones problemas al Poder Judicial, y en ocasiones enfrentamientos con los restantes Poderes de Gobierno. Como reacción sobre algunas decisiones judiciales, se detonaron campañas de deslegitimación contra el Poder Judicial que lo criticaron aduciendo que era un Poder corporativo y carente de respaldo popular, cuestionándole por qué era falto de compromiso con un proyecto o determinados parámetros políticos; se atacó su Independencia como si fuera una vicio y una rémora burguesa. Se ha querido llamar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia al Parlamento para que expliquen por qué adoptaron determinadas decisiones jurisdiccionales o privativas de su esfera, amenazándose con el juicio político cuando la Constitución y el sistema democrático no lo permiten. Al respecto, las valientes denuncias hechas en 2014 por el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Larrieux, sacaron de los corrillos y de los pasillos la gravedad de la problemática, poniéndola en el tapete público. También han alertado sobre estas situaciones otros Ministros de la Suprema Corte, especialmente los Dres. Jorge Chediak y Ricardo Pérez Manrique. 

El Poder Judicial tiene en el Uruguay el problema de que carece de autonomía presupuestal; lo que le quita posibilidades de expansión respecto a los otros Poderes de Gobierno. Y por supuesto, ha sido utilizado como arma de control disuasiva y hasta de ataque. Recordaremos en este sentido a un señor legislador que ante una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de una norma, espetó respecto al Poder Judicial: “No se olviden que somos nosotros los que les votamos su Presupuesto”. No podemos soslayar la negativa actual del poder político (Ejecutivo y Legislativo) de otorgar a los funcionarios judiciales una prestación salarial a que tienen derecho por Ley y que es intangible constitucionalmente; el hecho de que en el Presupuesto 2015-20 se haya planteado “Presupuesto 0” para el Poder Judicial y para todos los organismos de contralor de los Poderes Ejecutivo y Legislativo (Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral); se ha retaceado recursos al Poder Judicial para la implementación del nuevo Código del Proceso Penal; se ha promovido una rebaja salarial a través de detracción impositiva a ciertas partidas que en la práctica no forman parte de su salario (habría que ver si a todos los soportes de los restantes Poderes se detraen impositivamente todas sus dotaciones); se obliga al Poder Judicial a pagar las deudas estatales que involucran su actuación con su propio Presupuesto, lo que no se ocurre con los Poderes Ejecutivo y Legislativo; se ha ninguneado los planteamientos institucionales de la Suprema Corte de Justicia y se ha cerrado con ella todo diálogo. Esto hoy se está haciendo sentir, y así las intergremiales relacionadas con el sistema judicial están queriendo sensibilizar a la población sobre lo que está pasando, porque comprometer a la Justicia es comprometer a los derechos de los ciudadanos.

A pesar que el futuro parece para el Poder Judicial incierto y complejo en estas circunstancias, confiamos en que son coyunturas y que estamos llamados a que habrá tiempos mejores y de mejor relacionamiento entre los Poderes. El Poder Judicial mantiene un espíritu abierto de diálogo interinstitucional para buscar soluciones y construir alternativas con los restantes Poderes; está dispuesto a acudir siempre que se los convoque. De hecho, el Poder Judicial se encuentra trabajando como consultante permanente externo en la labor legislativa, y continúa integrando diversas comisiones multidisciplinarias con otros organismos del Estado. La idea, mientras tanto, es continuar cumpliendo con la misión que se ha encomendado a los Jueces de juzgar y ejecutar lo juzgado, no detenernos y mientras tanto, llevar adelante el Plan Estratégico mejorando el servicio en aquellos aspectos que no tengan costo, manteniendo nuestro trazado compromiso de Valores para con la gente, sin descuidar que la misión del Poder Judicial es llevarles Justicia. No es traer la Justicia de los cielos a la tierra, sino hacer realidad que el Derecho sea un instrumento destinado a la protección, realización y Felicidad de las personas.

1 Moderador: José Rilla. Debatidores: Jorge Lanzaro, Daniel Chasquetti y Martín Risso.

2 El texto de estas normas (idéntico) debería estar estampado en destacado lugar de todos los tribunales, y debería ser de recordatorio diario para los Magistrados.