jueves, 17 de septiembre de 2020

EL PLAGIO EN LAS SENTENCIAS JUDICIALES

DE LA SENTENCIA COMO OBRA INTELECTUAL PROTEGIBLE POR DERECHOS DE AUTOR, Y DE EL PLAGIO EN LAS SENTENCIAS JUDICIALES

 

 

Edgardo Ettlin

Poder Judicial - Uruguay

 

Sumario: I. Generalidades. El Juez como escritor - II. La sentencia es un producto de la invención humana, y como producto de la inteligencia, es una obra que no puede ser desatendida por el Derecho de la Propiedad Intelectual y por los Derechos de Autor - III. Condiciones bajo las cuales las sentencias judiciales, como producción intelectual, se encuentran protegidas bajo derechos de autor en el Uruguay. Alcance de la protección de las sentencias como propiedad intelectual en nuestro país - IV. ¿Quiénes son los autores de las sentencias judiciales? - V. ¿Existe el “plagio judicial”? ¿Pueden los titulares de los derechos morales de autor sobre las sentencias protegerlas contra dicha patología autoral? - VI. Algunas prácticas plagiarias de sentencias judiciales - VII. Tutela contra el plagio judicial - VIII. Conclusiones

 

 

 

I. Generalidades. El Juez como escritor

 

La sentencia es el acto por excelencia que en la labor judicial, el Juez despliega en el Arte de Juzgar. A través de su manifestación por una documentación escrita, en ella el Magistrado produce y vuelca todo su pensamiento y su elaboración. Es el producto culminante de su intelectualidad y de su espíritu; encontramos en ella su inteligencia, su sapiencia (seamos cautos con la palabra “sabiduría”), su mentalidad, su sensibilidad, sus valores y a veces (¿por qué no reconocerlo?), también sus miserias.

 

No existe duda de que toda sentencia judicial es un producto del pensamiento humano; una creación y una expresión del intelecto que combina conocimientos, lógica, conceptos y valores. Bajo el reconocimiento de esta “idea fuerte”, destacamos a la sentencia como una invención de la inteligencia; aun cuando pueda abordar cuestiones sencillas o reiteradas, o aun cuando pueda su texto encontrarse bajo fórmulas estandarizadas o de “cliché” cuyos datos se modifican para adaptarse a los del asunto en abordaje.

 

La sentencia es un acto de conocimiento que se manifiesta a través de un contenido literario, “literario” como expresión escrita (al menos en los actuales sistemas jurídicos) de un lenguaje que obedece a una ciencia-técnica muy particular. Existe una “ciencia-técnica jurisprudencial”, en realidad una manifestación de la Ciencia Jurídica que “dice el Derecho” (“prononce les paroles du Droit, ou de la Loi”) para una situación especial, expresada a través de una obra que recoge la visión del Juez como pensador: la sentencia.

 

Si bien las sentencias responden a manifestaciones de la voluntad que representan o se imputan al querer del Estado (como lo es todo pronunciamiento judicial como acto del conocimiento), cuyo miniuniverso está limitado a cada caso concreto que se decide, debe reconocerse a aquélla como una obra de la inteligencia, una producción de la creación intelectual de un ser humano. Detrás de ella hay un autor y su mente: el Juez. A través de la sentencia, el producto de su mente, aquél elabora su pensamiento exteriorizando conceptos y aportando con ellos no sólo para la dilucidación de un litigio, sino también al acervo inmaterial de la Jurisprudencia como manifestación de la Cultura.

 

Ciertos pronunciamientos jurisprudenciales poseen verdadera originalidad en su creación y lenguaje; despliegan conocimientos y sapiencia; despiertan innovaciones propias que a su vez nutrirán el pensamiento de sentencias posteriores a través de la Jurisprudencia, amén que hasta ejercerán docencia en el pensamiento de las Academias y de los Doctrinos del Derecho. Indirectamente engrandecerán el patrimonio literario jurisprudencial, aunque se trate tales sentencias de una literatura muy particular. Otras decisiones judiciales no poseerán tanto vuelo y recogerán la experiencia de sentencias anteriores, o serán la simple traslación de ideas a ciertas problemáticas que se reiteran y pueden solucionarse a través de un camino conceptual ya trazado, que se adapta “mutatis mutandis” a las características propias del litigio. Otras darán soluciones sencillas a cuestiones sin complejidades. No puede ser de otra manera, porque todos los casos son diferentes, algunos más complejos y otros más trillados o simples. Pero nadie puede hesitar que la sentencia es un producto de la elaboración humana; se trata de una obra, sea cual sea su grado de elaboración.

 

El Juez es un escritor aunque a veces no lo internalice ni sea consciente de ello, recordándonos a Monsieur Jourdain ([1]) que desconocía que hablaba en prosa. Que su producto literario sean sus pronunciamientos o resoluciones judiciales no lo desmerecen como tal, sino que lo advierten como habituado a una expresión escrita que requiere una invención especial. Y para ser certero en su juzgamiento, el Juez necesita en la expresión escrita de su pensamiento el vuelo y la precisión del literato y del poeta. Héctor TIZÓN (Magistrado judicial argentino y escritor no sólo de sentencias) refería al Juez como un “Poeta de la Ley”; nos remarca del Magistrado la humanidad, sin desmedro de su tecnicismo, que debe éste poseer y desplegar en las sentencias para acercarse al justiciable, en lo que fuere “su caso concreto”. En la sentencia por supuesto hay diferencias con la poesía y la novela, pero tienen todas éstas elementos comunes centrados en la personalidad del Juez como pensador y como creador:

 

“Un buen juez no es una máquina que mira, oye y aplica las normas de la ley, sino mucho más que eso: un buen juez es el que tiene emociones, no irracionales, en el sentido de estar totalmente divorciadas de la cognición y el juicio, claro está. Es más, podemos estar seguros de que las emociones puestas en esa dirección son esenciales para el buen razonamiento. Un juez no se maneja con estadísticas, ni éstas deben influir en sus decisiones; el análisis numérico sirve para la confrontación y el distanciamiento, pero no le sirve a la justicia. Desgraciadamente, en la educación posmoderna a los niños se les enseña a calcular, pero, ¿se les enseña a amar?

Las normas de la ley no son cápsulas vacías, sino conducta humana, biografías. Un hombre es su comportamiento.

Este axioma de la ciencia de derecho lo es también de la novela, puesto que ésta no es mucho más que la narración del comportamiento de sus personajes. La capacidad para ver la vida de la gente a la manera del novelista, como dijo Stephen Breyer -juez de la Corte Suprema de Estados Unidos- es parte importante de la preparación de un juez. Un buen juez debe reunir no solo dominio técnico sino también sentimiento e imaginación.

El juez, como poeta, sin abandonar las emociones, debe dejar sus propios sentimientos en el tintero. Una catedral no se construye con la fe, sino con las reglas de arte arquitectónico. Lo mismo acontece con la labor del juez.

Escribir, para un escritor, es tratar de desentrañar su verdad; un juez debe perseguir y develar “la verdad jurídica objetiva”, o lo que se tiene por tal y es aceptado históricamente.

En poesía, a veces tienen mayor dignidad el sonido y el ritmo que el discurso; esto no debe suceder jamás en una sentencia judicial, que es quizá de todos los géneros del discurso el que más la reclama para sí le mot juste, el vocablo adecuado. Las palabras en poesía son metafóricas o valen con significaciones variadas.

Un juez está atrapado en la historia, en la existencia y valoración precisa de las pruebas. Un novelista también, pero puede, en definitiva, hacer que llueva cuando a él se le da la gana. El juez, en su fallo, puede decir que llovía, si es que ello es necesario y sirve para encadenar un sentido; el novelista, en cambio, puede crear la lluvia.” ([2])

 

El Juez no es un simple redactor de sus sentencias. Es el autor y escritor de sus sentencias.

 

 

II. La sentencia es un producto de la invención humana, y como producto de la inteligencia, es una obra que no puede ser desatendida por el Derecho de la Propiedad Intelectual y por los Derechos de Autor

 

Insistimos en esta idea de que la sentencia es un acto mental, una generación del pensamiento humano; es el producto de una individualidad (el Juez como soporte de un tribunal unipersonal) o individualidades (el producto colectivo de una corte o tribunal colegiado, o de un Magistrado o Magistrado y del equipo que colabora o asesora -en colaboración o en coautoría- a un tribunal unipersonal o colegiado). Es la creación de una mente o de distintas y varias mentes.

 

Suscribimos con CALAMANDREI la idea de que en una perspectiva, puede discutirse si la sentencia es un acto de inteligencia o un acto de voluntad; pero sea cual sea la posición que se adopte, la sentencia es una operación mental que en principio nace de un juicio lógico, y concretamente de un silogismo que parte de una premisa mayor que es una norma legal, una premisa menor que es si el caso concreto encarta o no en la norma, y una conclusión que es el efecto jurídico en el caso puesto por la norma ([3]). Pero en otra visión que dicho autor reconoció después, la sentencia es también como un producto vivo “que se cumple misteriosa y calurosamente en el crisol sellado del espíritu, en el cual la mediación y la soldadura entre la ley abstracta y el hecho concreto tienen necesidad, para realizarse, de la intuición y del sentimiento ardiente de una conciencia laboriosa” ([4]).

 

Si la sentencia es un producto vivo, es porque existe fuego interior y talento dentro de ella, porque es la realización proyectada de los pensamientos de una persona. Del modo que fuere, la sentencia es una síntesis de la Lógica y del Espíritu, de razonamiento y de filosofía, de análisis del Derecho y de elaboración anímica sobre las problemáticas de cada caso; en fin, es una obra compuesta por la mente, tan relevante y única como puede serlo cualquier exteriorización escrita destinada a tratar las temáticas que no son ajenas a la vida del hombre, que no sólo se encuentra dirigida a las partes para su problema litigioso, sino que colateralmente puede dar un mensaje a cualquiera que la lea aunque no esté involucrado en el caso concreto que motivó el pronunciamiento judicial; puede asimismo servir para orientar líneas en la iluminación del Derecho para otros casos jurisprudenciales o para la Academia jurídica. Ella puede inclusive, contribuir a incrementar el patrimonio cultural de una nación, de una comunidad regional, de la misma Humanidad. No exageraremos en destacar que hay sentencias que articulan tan espléndidamente el lenguaje, que son verdaderas “chefs-d’oeuvre” y no le van en zaga a la literatura tradicional. 

 

¿Cuándo puede considerarse una sentencia como una obra original y de inteligencia? Para analizarlo importa considerar el estudio desplegado, los argumentos, el estilo, las expresiones que emplea en su motivación, la opinión y el pensamiento. El meollo de su inventiva suele encontrarse, como apreciaremos, en sus fundamentos o Considerandos. La sentencia es una obra oficial y seria, pero dice mucho de la personalidad de quien la escribe. ¿Es literatura? Es una literatura por cierto muy especial, que para algunos podrá considerarse “acartonada”, “estructurada”, pero no tiene por qué valorarse así cuando su autor “le pone el ser humano adentro” a su pronunciamiento con su bagaje cultural, jurídico y de principios sin desmerecer, por supuesto, el contenido que le corresponde cuidar para resolver el caso concreto.

 

Como trabajo de creación que es, los fallos judiciales deberían entonces, encontrarse protegidos debidamente con los derechos que conciernen a las realizaciones intelectuales, como obras que son en sí mismas.

 

Las sentencias pueden usar formas de expresión propias que la hacen una creación literaria y un acto personal (art. 2.1 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, ratificado por el Decreto Ley No. 14.910 del 19 de julio de 1979); en su caso, verificable como expresión escrita del Lenguaje y de un Arte (el jurisprudencial, que es parte del Arte del Derecho) cuya técnica tiene sus propias reglas y experiencias, que aporta no sólo al caso concreto sino al conocimiento jurídico general y a la ciencia jurídica, que se plasma a través de un soporte físico o material, un  documento escrito, que puede ser en papel o en formato electrónico-informático-digital.

 

Como “producción del dominio de la inteligencia” y como exteriorización de la creación humana, la sentencia puede y debe relevarse como una obra intelectual, entendida la obra como una manifestación-resultado final de una labor generadora y combinadora de ideas, de conceptos y de procedimientos del pensamiento, de ahí su carácter inventivo-creativo, cuando no literario y artístico en cuanto expresión del lenguaje acorde a determinada técnica.

 

Quizás la decisión judicial no será una expresión de las llamadas “Bellas Artes”, pero es una manifestación de la invención humana disciplinada por una práctica y por una ciencia (las del Derecho), que se instrumenta en los tiempos modernos a través de una exteriorización escrita muy propia y particular. Es por ende la sentencia una invención de la mente, una manifestación de creación como expresión del lenguaje y del arte técnico-científico jurídico; pero también es una “creación literaria… producción de su pensamiento, ciencia o arte” (art. 1º de la Ley No. 9.739 del 17 de diciembre de 1937 sobre Derechos de Autor, más normas modificativas, complementarias y concordantes), una “producción intelectual… del dominio de la inteligencia” (art. 5º “in principio” e “in fine” de la Ley No. 9.739).

 

Según sostuviere FERNÁNDEZ-NOVOA, “es indudable que, lejos de ser una figura ajena al Derecho de autor, el texto de una disposición legal o de una sentencia es, per se, una obra expresada a través del lenguaje; esto es, una obra literaria” ([5]).

 

¿Quién puede sostener que la Jurisprudencia no es una labor creativa? Cierto es que al Juez no se le pide talento narrativo ni ejecutoria literaria, sino que funde o motive bien y plausiblemente sus sentencias; todo otro contenido allende a los contenidos estrictos jurídicos estaría de más. Se dice que “Los jueces no son pagados por el estado para que den rienda suelta a sus aficiones literarias en sus sentencias”. “Para fundar sus sentencias se espera que el juez aplique el derecho. Con eso debería bastarle.” ([6]). Por supuesto, de una sentencia se espera que diga el Derecho, pero para decir el Derecho también es necesario decirlo con talento; se debe ser creativo, se debe en el razonamiento ser original, especialmente cuando el pronunciamiento esté resolviendo un problema complicado. Inclusive, para pueda sentar un precedente o marcar un nuevo rumbo de opinión jurisprudencial, el pronunciamiento judicial debe ser pergeñado con un afiatado pensamiento y con solidez de conceptos. Por supuesto, a los litigantes les interesa en realidad el resultado, que es su parte dispositiva, y no tanto si su caso podrá constituir o no material de Jurisprudencia o de Academia. No obstante lo expuesto, eso no significa que el Magistrado no pueda tener un estilo de escribir propio, y que incluso sus elaboraciones no requieran inteligencia y talento, creatividad; inclusive para intentar explicar su razonamiento a los justiciables en la forma más clara posible sin mengua de la seriedad, se necesita un “vuelo” muy particular.  Algunas sentencias demandan horas y hasta días de trabajo, profusas investigaciones, páginas de trabajo que pueden en su extensión llegar hasta a ser un libro. De algunos pronunciamientos, por su enjundia, se les encomia o califica, se les comenta como “piezas jurídicas”, esto es, como obras singulares. ¿Cómo no reconocer ese esfuerzo y el crédito intelectual de alguna manera a su redactor-creador por esa labor, además de por la satisfacción del deber cumplido?

 

Si toda sentencia es el resultado de un trabajo de la mente que combina la investigación, esfuerzos, conocimientos, conceptos e ideas, que se traduce en una invención o en una obra que puede trasuntar originalidad cuando provoca una novedad en el campo de la técnica judicial y jurídica; si es el resultado de una labor de la inteligencia, como tal la sentencia debería recibir en su inventividad la protección de la propiedad intelectual o si se prefiere, puede y debe ser amparada como obra del intelecto y protegida en su originalidad por la normativa que disciplina y salvaguarda la creatividad. La Ley puede acordarle una cierta tutela “en todos los casos y en la misma medida cualquiera sea la naturaleza o procedencia de la obra” (art. 4º de la Ley No. 9.739).

 

Esta idea puede resultar una perplejidad, porque los operadores jurídicos (Abogados, Jueces, Fiscales, Estudiantes, Profesores, Académicos y Doctrinos, por ejemplo) y el público en general (cada vez más inclusive, la Prensa) necesitan con la mayor amplitud posible acudir a los textos de las sentencias como fuentes de información, de estudio, de consulta y de cita, para preparar sus casos y sus escritos o alocuciones, y aquéllas son hasta usinas de inspiración para la redacción de otras sentencias, de dictámenes o de ensayos. Debe tenerse en cuenta que hay toda una comunidad de conocimiento y de cultura que requiere, y cada vez más exige, el acceso a las sentencias y a los bancos de sentencias judiciales; son éstas además, material imprescindible en diversos anales y publicaciones jurídicas. Adelantamos empero, que una protección de propiedad intelectual de las sentencias no es incompatible con la idea de que estén libremente abiertas y accesibles a la información, a la reproducción y a la divulgación públicas. Mas como obras del genio humano que son, determinada protección intelectual necesitan tener, y ese debería ser el principio.

 

No debe olvidarse que la propiedad intelectual y por supuesto también dentro de ella los derechos de autor (económicos y morales), son prerrogativas fundamentales de primera generación del más algo orden constitucional y convencional, integrando el más alto nivel del Bloque de los Derechos Humanos ([7]). Son derechos autoejecutables que se ejercen y pueden exigirse se protejan y respeten de modo inderrotable. Por supuesto admiten limitaciones sólo de la mano de una Ley dictada por razones de interés general (art. 7º de la Constitución nacional), pero mientras ésta no exista no hay manera de admitir excepciones. En todo supuesto cualquier restricción o prohibición que se pretenda a los derechos de autor, en su caso deberá ser a texto expreso, específica y particular. Aun así debe considerarse, como dijera una vieja jurisprudencia de Costa Rica, que los derechos de propiedad intelectual son derechos reales que si se violan en su contenido intangible y esencial por el legislador, se quebrantaría la Constitución ([8]). 

 

Algunos autores niegan como principio, la posibilidad de que las sentencias puedan ser protegidas autoralmente y que tampoco estarían protegidas sus traducciones, caso de VILLALBA y LIPSZYC, quienes consideran que como textos oficiales que son, aquéllas no son susceptibles de ser protegidas por el derecho de autor por razones que pertenecen al sistema político constitucional, y consideran como “curioso” que el Convenio de Berna haya librado a los países de la Unión la protección que habrán de ofrecer o no, a los textos oficiales (y como tales, a las sentencias); todo ello sin perjuicio de que el Estado pueda controlar la fidelidad de su reproducción cuando son publicadas. ([9]). STOLFI entendía que nos encontramos ante obras creadas por un autor en el ejercicio de sus funciones, siendo la sentencia el producto de un acto público que cae en el dominio universal, y sobre cuya producción el sistema jurídico no le concede derechos exclusivos; reconociendo como lícita la reproducción de los pronunciamientos judiciales y las decisiones en revistas y monografías; sin embargo, consideraba que nadie se podría apropiar de sus motivaciones y hacerlas pasar como suyas, porque sería cometer una usurpación jurídica, ya que aunque no tenga derechos exclusivos el Magistrado, eso no significa que el primero que venga pueda apropiarse de ellas ([10]).

 

En esta tesitura se ha afirmado que la sentencia no es un producto académico ya que está destinada a resolver un asunto particular y en ello se agota, por lo que se puede ser más flexible en su redacción. Como dice frecuentemente el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, la sentencia posee un fin más modesto pero no menos noble, que es decir el Derecho para el caso concreto y no pretende ejercer academia ([11]). No tiene empero, por qué ser un simple texto burocrático: “No es indispensable que los fallos constituyan piezas literarias, porque es otra la función del juez, pero deben estar escritos en el lenguaje que puede exigirse a quienes viven de la pluma y deben poseer una cultura que los habilite para desempeñar ese menester correctamente” ([12]).

 

Se ha menospreciado la idea de querer proteger las sentencias por derechos de autor, alegando que ese interés partiría de la visión romántica de un imaginario que cree que aquélla es la obra original de la sabiduría y creativa de un Juez, quien como un genio emite su pronunciamiento desde la cumbre de su originalidad ([13]). Ni tanto ni demasiado; todo es cuestión de medida. Aunque de todos modos, no se puede desconocer que la sentencia es el producto de un talento, del trabajo, del esfuerzo, del Magistrado o de éste y quienes lo secundan en su tarea. Cuando en la sentencia hay inteligencia y “pienso” vertido, esa labor no puede quedar olvidada ni ser ajena a una protección del Derecho so pretexto de que se verifica en ocasión del trabajo oficial. Porque no es la labor de un órgano; es la de un ser humano, que aporta de alguna forma a elevar y sumar al conocimiento humano.

 

Que la sentencia deba ser una obra dictada por razón de una función o de tareas oficiales para el Estado, no desmerece su contenido literario, ni habilita a que se la tenga totalmente por fuera del Derecho de la Propiedad Intelectual y de los Derechos de Autor. Sobre todo, cuando es creativa y original en su concepción y en la articulación escrita de su pensamiento.

 

Entendemos que estas concepciones negadoras de la sentencia como ajenas a la protección intelectual parten de un prejuicio; de la idea decimonónica por la que:

 

“… no se quería reconocer ni admitir como cierta la real actividad creadora que desarrollan en muchos casos los abogados; los jueces, los doctrinos. Nada se decía sobre los esfuerzos jurídicos realizados para armonizar o reconciliar pretensiones contrdctorias por medio de la razón creadora.

La denominada por IHERING “Jurisprudencia de los conceptos” propiciaba la idea de que éstos (los conceptos) no debían adaptarse a las circunstancias de forma de lograr un resultado justo, sino que lo que se buscaba era que los resultados; las circunstancias, encuadraran dentro de los conceptos preconcebidos.

El resultado carecía de importancia, pues lo primordial era el respeto conceptual de la norma. De esta forma el derecho como creación abstracta se imponía, sin ninguna relación con la vida del pasado ni del presente. Lo esencial era aplicar o encontrar la fórmula que resolviera en forma prácticamente mecánica el problema…

No podemos pensar en los abogados, en los jueces, o en los doctrinos como si fueren simplemente instrumentos pasivos de ideas preexistentes. Hemos de reconocer que las grandes mentalidades y las personalidades ilustradas ayudan a explicar, y de alguna forma encauzan muchas soluciones que conforman la verdadera historia del Derecho.

Muchas ideas sabias, que finalmente terminan en leyes, comienzan en los escritos judiciales de algún abogado planteando o contestando una demanda; se desarrollan con claridad y profundidad en muchos fallos que con cautela y justicia aprueban o desaprueban tales o cuales criterios…

Queda claro que el verdadero desarrollo del derecho no lo marca el solo hecho de que se hayan dictado tales o cuales normas, sino que parte de la mayor o menor habilidad e inteligencia con que abogados, doctrinos y jueces, maduran la propuesta de ciertas soluciones que sean en aplicación de determinados parámetros normativos…

El punto no está en someterse a los conceptos jurídicos, sino en estudiarlos, cuestionarlos, perfeccionarlos, en definitiva, volverlos más justos.” ([14]

 

De hecho, una sentencia no requiere la proliferación de citas doctrinarias y jurisprudenciales, aun en los países de precedente judicial obligatorio, bastando que esboce en forma clara y lógica, con razonamiento fundamentado, qué dice, cómo lo dice y en base a qué lo dice. El Código Iberoamericano de Ética Judicial (hecho reglamento en nuestro país por la Acordada 7688 de la Suprema Corte de Justicia), en su art. 27 hace hincapié en que para redactar una decisión judicial basa emplear “un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas”; por lo que aquélla no necesitaría observar un estándar de Academia. A pesar de ello, no están dentro de la Ética (existe una Ética más elevada que se resiste a cualquier codificación) Judicial los usos indebidos de sus textos, entre ellos el plagio de las sentencias.

 

Y aun así, los pronunciamientos judiciales pueden ser originales y creativos en sus conceptos y contenidos. No puede negarse que muchas elaboraciones judiciales despliegan un verdadero trabajo de antología y ejecutoria intelectual, con proliferación de citas, marcando ideas y creando hasta verdaderas teorías jurídicas que orientarán rumbos para la interpretación y para la elaboración académica y doctrinaria, amén de inspiración o de precedente para otras sentencias posteriores.

 

Como bien lo acotara BUGALLO MONTAÑO, si no se admitiera la protección de Derechos de Autor, no podría concebirse el plagio judicial ([15]), ni podría admitirse que los Jueces o los redactores de las sentencias, o sea los genuinos autores de las mismas, pudieran proteger mínima y moralmente la fidelidad de los contenidos cuando fueran divulgadas o empleadas por los terceros. Lo que no parece de sentido común, ni que eso estuviera dentro del Derecho.

 

MURILLO CHÁVEZ propone que los Derechos de Autor y de “Copypright” podrían colaborar para mejorar la calidad de la Justicia y la redacción de las sentencias; para que éstas puedan ser más creativas. ¿Cómo? Dicho autor entiende que darles un derecho autoral reforzaría la figura y la reputación del Magistrado, máxime cuando en la sentencia consta su nombre. Propone que la Ley confiera al Magistrado o al ponente un cierto derecho de autor parcial, sin perjuicio de que debe respetarse la invariabilidad de los textos como documento oficial que son las sentencias (en el Uruguay, el redactor de las sentencias no puede modificarlas sin caer en una irregularidad -art. 222.2 del Código General del Proceso-) y de que el público debe tener acceso a la publicación de las mismas (sin poderse retirar de la libre disposición ciudadana). Asimismo postula que las sentencias podrían generar derechos de autor, que aprovecharían los Poderes Judiciales en sus derechos patrimoniales (con la salvedad de que deben facilitar el acceso público y cuidar la inmodificabilidad de los textos, sin derecho a poderlo retirar o a restringir su circulación), con la puntualización de que dichos Poderes no podrían ejercer el derecho de transformación o modificabilidad de los textos de los pronunciamientos. El comentado autor sostiene que debe permitirse a los Jueces o a los redactores de la sentencia defender sus derechos morales (personalísimos, irrenunciables e inalienables) en cuanto a la paternidad, integridad, acceso, con las debidas restricciones a la modificabilidad o variación y al retiro de la obra o suspensión de su publicación, no pudiendo limitar su publicidad salvo por estrictos motivos de reserva legal. También preconiza la idea de que el Poder Judicial o la entidad administrativa correspondiente tengan legitimidad para defender los derechos morales de propiedad intelectual de las sentencias en forma subsidiaria o conjuntamente con el autor Juez o Magistrado miembro ponente o redactor, sin perjuicio de que sea permitido a todos reproducir y comunicar públicamente la versión oficial de las resoluciones judiciales bajo la obligación de respetar su fidelidad, y dentro de la regulación legal que disciplina el principio de publicidad. ([16]).

 

¿Qué clase de protección intelectual se les debe a las sentencias? Y lo que es más candente, ¿están tuteladas además de con derechos morales, con derechos económicos? Intentaremos hurgar en estas cuestiones dando respuestas abiertas, como corresponde en estas temáticas que siempre resultan asaz discutibles.

 

 

III. Condiciones bajo las cuales las sentencias judiciales, como producción intelectual, se encuentran protegidas bajo derechos de autor en el Uruguay. Alcance de la protección de las sentencias como propiedad intelectual en nuestro país

 

¿En qué condiciones la propiedad intelectual puede proteger la creatividad del sentenciante?

 

El art. 2.1 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas  engloba a las sentencias de alguna manera como “producción en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión”; aunque el artículo 2.4 de dicho Convenio  reservó “ a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden… o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos”. 

 

Los arts. 9 a 14 (téngase presente especialmente el art. 9.1) del Acuerdo sobe los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (AADPIC, ratificado por la Ley No. 16.671), la Convención Universal sobre Derechos de Autor (ratificada por la Ley No. 16.321), el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor y Declaraciones Concertadas al mismo (ratificado en el Uruguay por la Ley No. 18.036), los Tratados de Montevideo sobre Propiedad Literaria y Artística de 1889 y sobre la Propiedad Intelectual de 1940 (ratificados respectivamente por la Ley No. 2.207 y Decreto-Ley No. 10.272), y la vieja Convención de Buenos Aires sobre la Propiedad Literaria (ratificada por la Ley No. 6.103) no han modificado nada al respecto, ni deparan nada nuevo bajo el sol.

 

A nuestro criterio y en el marco del art. 2.4 del Convenio de Berna, la legislación de la República Oriental del Uruguay encarta a las sentencias dentro de la protección de la propiedad intelectual por derechos de autor; si bien con ciertas limitaciones que veremos. Y ello se desprende del tenor literal que no ha de desatenderse (art. 17 del Código Civil) de nuestras normas nacionales que regulan la materia.

 

Así, el art. 5º inc. 2º de la Ley No. 9.739 (sobre Derechos de Autor) incluye a la sentencia como producto intelectual, si se quiere específicamente como “escrito forense” o “documento técnico”; pero también se encuentra incluida implícitamente, como “producción del dominio de la inteligencia” (art. 5º inciso 2º, y mismo artículo e inciso “in fine” de la Ley No. 9.739). Esta afirmación, no obstante, merece las precisiones y acotaciones que se afirmarán “infra”.

 

En principio, la solución uruguaya que preconizamos es opuesta totalmente a la Sección 101 párrafo 54 y a la Sección 105 “a” de la Copyright Act of United States (Título 17 del United States Code) en su actual versión, que define como “obra del Gobierno de los Estados Unidos” a la “obra preparada por un funcionario o empleado del Gobierno de los Estados Unidos como parte de las obligaciones de esa persona”. Al considerarse las sentencias en dicho país como una obra oficial, de gobierno, por tanto no se permite en los Estados Unidos, la protección por derechos de autor ni por “copyright” de los pronunciamientos judiciales.

 

Un sistema diferente posee Colombia. El art. 91 de la Ley de Derechos de Autor de Colombia No. 23/1982, que no fue modificado por otras normas posteriores ni por la No. 1915/2018, en sus incisos 1º y 3º preceptúa que los derechos de autor sobre las obras de los funcionarios públicos (caso de las sentencias judiciales) pertenecen al organismo público correspondiente, sin perjuicio de los derechos morales de sus autores. O sea que si bien se reconoce a los Jueces o a los redactores de las sentencias los derechos autorales de carácter moral sobre la autoría de las mismas, los derechos económicos pertenecen al Poder Judicial colombiano:

 

Los derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su cargo, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente.

Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas afectadas.

 

En la Argentina, el art. 1º de la Ley No. 11.723 (sobre Régimen Legal de la Propiedad Intelectual) dispone en forma amplia que “A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión…; en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción”. ¿Significa este texto tan vasto, que no hace distinciones, que como “obra literaria” la sentencia podría tener la protección de la propiedad intelectual en la Argentina? El art. 36 de la misma Ley define como “Obras científicas” a los “tratados, textos, libros de divulgación, artículos de revistas especializadas, y todo material relativo a la ciencia o la tecnología en sus diversas ramas”, y como “Obras literarias” a: “poesía, cuento, novela, filosofía, historia, ensayos, enciclopedias, diccionarios, textos y todos aquellos escritos en los cuales forma y fondo se combinen para expresar conocimientos e ideas de interés universal o nacional”. La pregunta en si en estas definiciones, la sentencia judicial estaría excluida o no (nada dice al respecto, el art. 12 de la Ley argentina No. 11.723 sobre condiciones o limitaciones). Sin embargo, se ha considerado tradicionalmente en la Argentina que no puede ser objeto de propiedad intelectual todo conocimiento que sea del patrimonio común y que no sea susceptible de apropiación. “Expresamente la ley excluye las disposiciones legales y reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las resoluciones de órganos jurisdiccionales, actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de organismos públicos y traducciones oficiales de todos ellos.” ([17]) Ya hemos citado VILLALBA y a LIPSZYC en este sentido ([18]).

 

Suscribimos con BUGALLO MONTAÑO que respecto a las sentencias judiciales, “Nos parece más precisa la opinión de Antequera Parrilli, para quien se trata de obras de libre divulgación, “es decir, una limitación al derecho de explotación, pero exigiendo que se respeten los derechos de orden moral” de todo autor” ([19]).

 

ANTEQUERA PARRILLI destaca que las sentencias, por su creatividad y originalidad pueden considerarse “obras”; excluirlas podría significar que ni siquiera se podría protegerlas moralmente, permitiendo que alguien usurpara el contenido de la sentencia no obstante conocerse la posición del Juez en un tribunal unipersonal o del ponente o redactor en uno colegiado. Por esto, dicho especialista sostiene que a pesar de que la Ley permite una libre divulgación de las sentencias, eso no exime de exigir “que se respeten los derechos de orden moral -al menos los de paternidad y de integridad- que corresponden a cualquier autor sobre cualquier obra de su genio” ([20]). Justamente, ANTEQUERA PARRILLI destaca que la mayoría de las legislaciones excluyen a los textos oficiales de la protección, por el derecho que tiene la comunidad y el deber que tiene el Estado en que dichos textos sean divulgados y difundidos, aunque debe precisarse que su uso lícito debe hacerse sin perjuicio de respetar los textos y citar la fuente. Es más, según este autor, “Nada impediría…, que ante la apropiación de una sentencia ajena como si fuera propia, por ejemplo, pudieran ejercerse contra el autor otras acciones en el marco del derecho común, invocando derechos de la personalidad (al nombre, al honor o a la reputación), en casos de apropiación de la paternidad o atentados a la integridad de la obra o, incluso, según el caso en concreto, sobre la base del enriquecimiento sin causa o el aprovechamiento parasitario” ([21]).

 

Nosotros no vemos problema para que esa defensa se pueda hacer desde el punto de vista de los derechos morales de autor, conforme a los usos honrados de las citas de textos accesibles libremente al público (arts. 6 bis num. 1º y 10 num. 1º del Convenio de Berna y de los art. 19, 43 y 45 de la Ley No. 9.739), porque el derecho moral del autor siempre está protegido ante cualquier circunstancia (art. 1º inc. 1º de la Ley No. 9.739).

 

Hay países como Perú que excluyen a las sentencias de la protección de derechos de autor, “sin perjuicio de la obligación de respetar los textos y citar la fuente” (art. 9º lit. “b” de la Ley sobre Derecho de Autor, Decreto Legislativo No. 822). Hay una “contradictio in adjectio” a nuestro modo de ver, en esta norma, porque no tiene sentido decir que se excluye a la sentencia de la protección autoral, pero por otro lado se le reconoce los derechos morales al autor. Justamente porque se reconoce tales derechos morales es que la protección de derechos de autor no tiene que estar excluida, si bien se encuentra restringida solamente a los derechos morales (no abarca los derechos patrimoniales, los de alteración, o los de control de la difusión o publicación). No es esa en nuestra opinión, la solución del Uruguay, ya que su legislación interna e internacional ratificadas no excluyen la protección de las sentencias de la materia autoral, al menos en sentido moral y como veremos.

 

Es necesario entonces establecer salvedades, y precisar cuáles son los derechos autorales que los Jueces o sus redactores poseen sobre sus sentencias; al menos, en el Uruguay.

 

En nuestro medio BUGALLO MONTAÑO, aunque reconoce que el Juez es el autor material de sus sentencias, nos recuerda que el art. 45 inc. 1º numerales 2º y 5º de la Ley No. 9.739 permiten la reproducción, transmisión y publicación de sus textos, dentro de lo que se permite para los llamados “textos oficiales” y los “documentos públicos de cualquier género” en general ([22]). En cierto modo existe una diferencia con el régimen más restrictivo del art. 25 de la Ley No. 9.739, que alude a los “discursos políticos, científicos o literarios y, en general, las conferencias sobre temas intelectuales”, que son de carácter privado.

 

Por tanto y como señala dicha académica, “De manera que, en el Uruguay, solamente se hace referencia a una limitación muy concreta en el ejercicio de los derechos de explotación del autor: “reproducción fiel” de los textos oficiales, no limitando el medio por el cual se pueden reproducir. Cualquier persona puede publicar sentencias, ya sea en soporte físico como en soporte informático, mientras cumpla con la condición de “fidelidad””. El hecho de que estén sometidas a derechos de autor es lo que justamente permite que sean protegidas del plagio, aunque puedan ser de libre divulgación ([23]).

 

Estas afirmaciones, en nuestro criterio, son correctas. Las sentencias judiciales son de difusión, reproducción y edición libre en el Uruguay (art. 45 inc. 1º nums. 2º, 4º y 5º de la Ley No. 9.739), con tal de que se respete su texto original y el derecho moral de sus creadores (art. 1º “in principio” de la Ley No. 9.739) a su paternidad.

 

Las sentencias son de reproducción o difusión libre, porque lo impone también el principio de Publicidad de las actuaciones judiciales (arts. 7º, 72, 239 num. 1º inc. 2º y 332 de la Constitución nacional; art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificado por la Ley No. 13.751-, art. 8.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 7º del Código General del Proceso). Además, las decisiones judiciales pueden citarse o transcribirse en forma total o parcial “con propósito de comentarios, críticas o polémicas” (art. 45 inc. 1º num. 4º de la Ley No. 9.739).

 

Por ende todas las publicaciones de sentencias por medios privados en todo o en parte, aisladas o en colecciones, o a través de Revistas jurídicas,  Anuarios, bases de datos o cualquier clase de compilaciones de Jurisprudencia, son lícitas (siempre que se cuiden de respetar y transcribir fielmente sus textos cuando lo hagan en todo o en parte, y de mencionar qué Jueces intervinieron o redactaron las mismas), y no tiene que pagarse para ello derecho alguno, ni siquiera al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por el hecho de reproducir dichos textos oficiales; y pueden hacerse en forma total o parcial mientras se las reproduzca o transcriba correctamente, fuere en la divulgación, en el uso académico o en las citas.

 

En nuestro país no hay una norma que presuma que los derechos de los textos redactados por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones estén cedidos a los organismos para los cuales se desempeñan. Por lo que el Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, art. 51 de la Ley No. 15.750), no podría monopolizar las publicaciones o bases de datos de Jurisprudencia, ni imponer restricciones de carácter alguno en la divulgación de las sentencias hechas por sus funcionarios. Dicho sea esto, sin perjuicio de que la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pudieren organizar sus propias publicaciones o bancos de datos en forma paga, y hacerse de los derechos económicos por ese servicio.

 

La posibilidad de que las sentencias puedan reproducirse y divulgarse libremente (en todo o en parte) deja en claro que los Jueces o “rectius”, los redactores de las sentencias (ver Sección siguiente), no tienen derecho a prerrogativas económicas ni a regalías por la difusión de aquéllas. Además, por el carácter de documentos públicos que son y atento a la cosa juzgada que tuvieron las mismas, ni los autores de los pronunciamientos judiciales ni nadie, pueden alterar sus textos, ni restringir o vedar su reproducción o difusión de forma alguna.

 

Cierto es que como la divulgación, reproducción y publicación es libre, los Jueces o los que resulten ser los autores de la sentencia carecen de los derechos económicos inherentes a esas sentencias. No pueden los Jueces o los redactores, enajenar sus derechos autorales sobre los pronunciamientos. Tampoco pueden ceder los derechos (art. 8º Ley No. 9.739) de autoría sobre los pronunciamientos judiciales, porque como no tienen contenido económico, son libremente divulgables, y los derechos morales son irrenunciables, no tendrá ningún sentido cederlos. No pueden pretender, además, cobrar regalías ni precio alguno en razón de autoría de las sentencias. Cualquier convención económica sobre los derechos autorales de las sentencias será nula, por carencia de objeto o por ser objeto lícito (art. 1286 Código Civil; arts. 2 y 45 inc. 1º nums. 2º, 4º y 5º de la Ley No. 9.739).

 

Sin embargo, eso no permite colegir que en el Uruguay las sentencias carezcan totalmente de la protección de derechos de autor. Sus redactores tienen algunos derechos intelectuales autorales. El art. 45 de la Ley No. 9.739 en su inciso 1º y en sus numerales 2º, 4º y 5º establece que su reproducción no es ilícita, mas no expresa que sus redactores carezcan de la tutela de los derechos de autor sobre sus sentencias, o que ellas estén fuera del área de cobertura de esta protección intelectual.

 

Es justamente atendiendo a los arts. 1º inc. 1º, 19 y 44 más concordantes de la Ley No. 9.739, por el hecho de que las sentencias puedan ser libremente reproducidas o divulgadas dentro del “fair use” (art. 45 inc. 1º nums. 2º, 4º y 5º de la Ley citada), que podemos defender que sus autores conservan sin perjuicio, ciertos derechos de autoría sobre las mismas.

 

Los Jueces mantienen los derechos morales, relacionados con la paternidad autoral que tienen sobre sus sentencias.

 

Conservan los Jueces o sus redactores por lo pronto, el derecho moral a protegerlas para reivindicar su autoría y paternidad, a cuidar su integridad, y para velar contra su uso o copia indebidos (arts. 1º “inicio” y 19 de la Ley No. 9.739). Este derecho moral, por supuesto, no está sometido a agotamiento.

 

Como bien dice BUGALLO MONTAÑO, el Juez “Goza de derechos morales. Es decir, que como persona física que da origen a una creación intelectual, goza de derechos morales como el de paternidad de la obra y el de integridad. No hay cómo eludir esta disposición, dada la naturaleza de las creaciones literarias que sean originales como “proyección de la personalidad del autor”. Por la propia función que cumple, creo que no goza de derecho de retracto en cuanto a las sentencias. El derecho de partenidad de la obra, por otra parte no tiene, efectivamente, cómo amparar en este caso el llamado derecho a la autoría anónima.” ([24])

 

Los Jueces o los redactores de las sentencias poseen el derecho moral de que el texto de las sentencias, cuando se cite o publicite en todo o en parte, se haga fielmente, e inclusive que se les mencione como sus autores. También tienen los Magistrados o los confeccionadores de los pronunciamientos judiciales, el derecho moral de que no se plagie sus textos ni el contenido de sus sentencias, por otras sentencias o escritos jurídicos, sea por transcripción literal o por parafraseo total o parcial.

 

Pueden los Magistrados judiciales reproducir sus propias sentencias y las del cuerpo pluripersonales que integren, y divulgarlas de la manera que entiendan más procedente, sin necesidad de autorización por la Suprema Corte de Justicia ni de los demás miembros de su Tribunal Colegiado. Inclusive pueden enviar los textos de las sentencias suyas, o de otros tribunales, a revistas jurídicas o publicaciones, y traducirlas (entendemos que no pueden impedir que se traduzcan, dado que es la simple transposición idiomática del texto oficial). El integrante de un organismo judicial colegiado puede inclusive difundir o publicar los textos de pronunciamientos de su tribunal, sin necesidad de pedir permiso a los restantes miembros. Es lícito para ellos, vigilar se hagan correctamente las traducciones de las sentencias suyas, como también la forma en que se transcriban o citen (arts. 12 nums. 2º y 3º, 29 Ley No. 9.739).

 

Una vez que ha sido expedida y obviamente como se trata de documentos públicos, el carácter de cosa juzgada hace que la sentencia sea inmodificable (arts. 214, 215 y 222 del Código General del Proceso). Por tanto, su texto no puede ser corregido, ni intervenido, ni alterado de forma alguna por el Juez o autores que la redactaron; aunque en ocasión de su divulgación pueden corregirse erratas o errores materiales, porque éstos son enmendables en cualquier momento (arts. 12 num. 2º y 3º Ley No. 9.739, arts. 222.2 del Código General del Proceso), mientras no implique modificar la redacción o contenido originales.

 

También les es legítimo a los Jueces o a sus redactores reunir en un libro una colección de sus sentencias y publicarla, como también pueden hacer una compilación de sentencias de su tribunal, o de diversos tribunales; y pueden comentarlas, hacerles concordancias, citas, clasificarlas u ordenarlas conforme al criterio que se quiera ([25]). En ese caso, el libro o trabajo que realicen, como obra de compilación y de sistematización tiene derecho a la total protección intelectual (la económica incluida) cuando el criterio de selección de los textos, la disposición o la adición de comentarios revistan originalidad, y en cuanto “por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual” (art. 5. del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobe Derechos de Autor). Encartaría esta clase de trabajo de compilación como un “producto de la inteligencia”, dentro del art. 5º de la Ley No. 9.739 y del art. 2.5 del Convenio de Berna. En tal hipótesis, los Jueces que decidan compilar en una obra de libro o de estudio sentencias suyas poseen el límite de respetar sus textos originales, sin perjuicio de que puedan corregirle alguna errata del texto oficial original. Por la publicación esta compilación en sí, pueden cobrar regalías. Debemos precisar que en esta hipótesis, se le reconoce al Juez el derecho económico a la obra de compilación con sus eventuales aditamentos de valor agregado, no al texto de las sentencias en sí. MURILLO CHÁVEZ entiende que produciéndose una obra de colección personal, el Juez o Magistrado miembro de los tribunales puede realizar, autorizar o prohibir cualquier uso de ella conforme al régimen de Derecho de autor regular, aunque no puede oponerse que otro publique esas sentencias ([26]). Por ende, nadie tiene derecho a reproducir la obra de colección de las sentencias íntegra o parcial que haya confeccionado el Juez, sin su permiso.

 

Insistimos en que el Juez o tribunal autor (o quien se supone sea el autor) de la sentencia no tiene la facultad de retirarla del mundo público, ni de limitar los lugares o forma de difusión (art. 13 de la Ley No. 9.739).

 

No cabe duda por tanto, de que el Magistrado o Magistrados autores de las sentencias tienen derecho a la protección moral de su creación y de su texto, lo que les permite también que puedan velar y proteger su reproducción o cita plagiaria, esto es sin citar o sin reconocer a su autor.  El hecho de que la Ley de Derechos de Autor uruguaya permita su libre reproducción y publicación (lo que incluye la posibilidad de utilizarlas transcribiéndolas libremente en todo o en parte), vendando la factibilidad de su aprovechamiento económico por el autor del fallo, no significa que los autores carezcan de la protección autoral contra la copia o cita indebida sin mencionarse la fuente, o sin individualizarse el origen del texto o el nombre del redactor o redactores de la sentencia.

 

Pueden los Jueces o redactores de las sentencias que consideren originales, en nuestro criterio, registrarlas en el Registro de Derechos de Autor (arts. 53 a 55 de la Ley No. 9.739), sin perjuicio de ello no les permite reivindicaciones en lo económico, no pueden restringir la publicidad o divulgación de las sentencias, y no pueden adulterar sus textos.

 

En síntesis: el Juez y en su caso, también los corredactores en la medida de su respectiva participación, poseen el derecho de proteger la sentencia como su obra y en su contenido dentro de la Ley, al menos desde el punto de vista moral (“el derecho moral del autor”; art. 1º “in principio” de la Ley No. 9.739), dentro del sistema de protección de derechos de autor y de “copyright”.  Tienen los Jueces y redactores (estos últimos según el rol que hayan poseído en la confección del texto) por ende, los derechos morales que todo autor dispone, de proteger la paternidad, la integridad, y asimismo hasta pueden evitar el plagio, de sus sentencias. La Ley puede autorizar la utilización libre y gratuita ([27]) de los contenidos de las sentencias, pero allende cualquier limitación legal expresa de sus prerrogativas, es lícito al Magistrado judicial defender moralmente la originalidad creativa de su sentencia contra el uso indebido y el empleo plagiario. Carecen de derechos económicos sobre las mismas, por cuanto la legislación autoriza su libre difusión como textos oficiales que son. Todo ello además, sin perjuicio de que la reproducción de las sentencias es libre, dentro del uso justo o lícito que autoriza la Ley (art. 45 inc. 1º nums. 2º, 4º y 5º de la Ley No. 15.750).

 

 

IV. ¿Quiénes es el titular de los derechos de propiedad intelectual (de autor) de las sentencias judiciales?

 

Teniendo presente que la sentencia es un producto del intelecto humano, es de Perogrullo que detrás de la sentencia existe un autor, o eventualmente autores.

 

Si detrás de un fallo judicial hay un autor, o hasta autores, ¿quién es entonces el titular de los derechos de propiedad intelectual de las sentencias? Debe responderse a ello que debido a que la sentencia es el producto de una creación personal del Juez o de quien fuere su redactor, a él le corresponde el mérito en la obra, y por ende le conciernen los derechos que la Ley le habilita sobre el contenido de la misma.

 

BUGALLO MONTAÑO, quien entiende que sí existe el derecho de autor en las sentencias judiciales, precisa que el Juez es el autor “material” de sus sentencias: “Al afirmar que tiene derechos morales, partimos de la base de que estamos ante un magistrado “autor”, es decir, que redacta él mismo las sentencias. No nos referimos a “firmar” una sentencia que redactó otro, como resulta válido en el funcionamiento de tribunales colegiados. O, siendo el caso de otros textos oficiales (no específicamente sentencias siempre) tampoco nos referimos a la firma que hace ministro y presidente de un decreto que redactaron otros funcionarios públicos con la competencia funcional específica, por ejemplo.” ([28])

 

Compartimos con dicha académica que la autoría de la sentencia concierne a la redacción de la misma, no a la mera firma que prestan para suscribirla o articular la voluntad del Cuerpo colegiado que integra el redactor, otros Jueces y funcionarios como los Actuarios o Secretarios. Cuando el Magistrado judicial redactó la sentencia, es el dueño de su contenido como obra, porque como obra es una producción muy personal.

 

Considerar a la sentencia como un producto de expresión literaria uniéndole a su autor, y por otro lado ponderarla como la expresión de la voluntad de un organismo de la administración, no es una distinción fácil de advertir o conceptualizar en los hechos. Cierto es que el Juez al sentenciar “no es él”, sino un ejercitante de la voluntad de un órgano del Estado. Pero la forma de expresión literaria de esa voluntad, si bien puede seguir ciertas reglas de estructura inherentes a la naturaleza del acto, es el producto de un ser humano que como tal, no es transpersonalizado por el Estado.

 

Es menester precisar que un Juez puede considerarse “dueño” de su sentencia en la medida que haya sido quien la confeccionó o redactó. No hay ningún texto legal que permita presumir que ha cedido su crédito intelectual por ella al Estado o al Poder Judicial, aunque no puede negarse que como documento, la sentencia expresa orgánicamente la voluntad del Estado y se redacta a esos efectos. No pertenece la sentencia como trabajo o producto de la inteligencia, por más que el Juez sea el soporte físico de un órgano, al Poder judicial, ni a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia o Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su particular), ni al Estado. Recordamos que en el Uruguay no existe una norma como el art. 91 de la Ley No. 23/1982 de la Ley de Colombia sobre Derechos de Autor, que establece que los derechos de autor sobre las obras de los funcionarios públicos (caso de las sentencias judiciales) pertenecen al organismo público correspondiente, sin perjuicio de los derechos morales de sus autores. Por supuesto, corresponde a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, velar por que no se plagie y se respete la integridad de las sentencias de los Magistrados del Poder Judicial o cuyos tribunales se le subordinan administrativamente.

 

En principio, y especialmente en tribunales unipersonales, la sentencia es la labor solitaria de una sola persona: el Juez. El art. 197 inc. 1º del Código General del Proceso preceptúa que el Juez “dictará personalmente la sentencia y la suscribirá”.

 

En estos supuestos puede afirmarse que suya es la creación, y que por este mismo hecho posee la titularidad para protegerla y exigir su protección, en la medida que nadie más que él haya intervenido en su confección. Pero esto es más bien la idea clásica y básica, una imagen virtual o ideal que rememora al Juez como un individuo (varón o mujer) que en el recogimiento de su soledad, pergeña en su escritorio y con los recursos de su sapiencia y de su mente, una solución de justicia para un juicio.

 

Si bien eso sigue siendo la realidad de muchos tribunales, especialmente la de los unipersonales, no debe desconocerse que actualmente, en muchos tribunales y especialmente en los colegiados y en los del más alto nivel, la sentencia no es el producto de la labor única o solitaria de una sola persona, sino la de varios individuos quienes intervienen, en coautoría o en forma auxiliar (por ejemplo, proveyendo soporte bibliográfico o una redacción de proyecto), en su confección.

 

En Cuerpos Colegiados como los Tribunales de Apelaciones o la Suprema Corte de Justicia y en el caso del Uruguay, la sentencia es el trabajo de uno de los miembros que es asignado como Ponente o Redactor. La generalidad de las decisiones de estos cuerpos no son una confección a varias manos, sino de una persona que asume y da al producto final de cual emanará la voluntad del cuerpo colegiado, recogiendo los pareceres de los demás. Aunque en realidad no es el único autor cuando se supone recoge las ideas, en ocasiones literalmente como fueron escritas, de los otros miembros (expresadas a través de los llamados “Votos”). Además, previo a su firma, cada uno de los miembros revisa el texto y puede hacerle correcciones o aportes adicionales; vale decir que lo que finalmente se firma es un texto consensuado por todos, una obra de varias manos o que pasa por varias manos. En otros países como en la Argentina, Paraguay y Brasil, las sentencias de organismo pluripersonales recogen las redacciones de las distintas opiniones y por último se expresa una única decisión o texto final, que recoge la última voluntad de todos.

 

Cada vez más intervienen en la redacción de las sentencias, especialmente en los últimos tiempos, otras personas que inclusive sin ser Jueces, colaboran en la realización y aportan material o proyectos al Juez redactor o ponente, como los asistentes, empleados, secretarios o Actuarios o técnicos, e inclusive pasantes o becarios. En ocasiones, el texto es redactado casi exclusivamente por estos dependientes o auxiliares, y el Magistrado se limita a revisarlo (a veces ni eso) y a firmarlo.

 

La práctica muestra por tanto que en muchos tribunales, unipersonales o pluripersonales, la sentencia es un producto colectivo o de varias manos entre las que puede estar y a veces no estará eventualmente, la del Juez o la del Tribunal colegiado (quienes eventualmente podrán revisar su texto e incluso darles su impronta personal, pero tampoco tendrán que hacerlo). Así vemos que algunas sentencias son productos en colaboración, y en otros son productos colectivos ([29]). Ocurre inclusive que no siempre quienes firman las sentencias, son sus verdaderos o exclusivos autores. Figuran como la expresión de la voluntad de una persona o de un Cuerpo de personas, pero pueden haber sido hechas por ella, por una de ellas o por todas (en los colegiados); o pueden haber sido redactadas por uno o varios funcionarios exclusivamente, en colaboración para el Magistrado o Tribunal, o con el Magistrado o con el Tribunal, funcionarios que no la firmarán (caso de los técnicos o asistentes).

 

¿A quiénes entonces debe dársele el crédito autoral por los textos de estas decisiones, en que intervinieron varios redactores o varias personas aportando sus conceptos y talentos? ¿Quiénes son los encargados de velar por los derechos autorales de esa sentencia como invención, cuando es hecha por varias personas, eventualmente en diferentes fases o grados, o con distintas modalidades de coparticipación?


 El art. 7º de la Ley No. 9.739 expresa, en cuanto interesa al objeto de nuestro trabajo, que los titulares de los derechos de autor sobre las sentencias podrían ser el autor (Juez o no), y los colaboradores (art. 7º nums. 1º y 2º; arts. 14 a 16 de la Ley No. 9.739). Como dice el art. 26 de la Ley No. 9.739. “La obra en colaboración constituye una copropiedad indivisa y, por consiguiente, da a los coautores iguales derechos, salvo pacto expreso en contrario. (Artículo 1755 del Código Civil)”; sin perjuicio de que pueda reconocerse a cada colaborador una participación proporcional (art. 29 inc. 1º de la Ley No. 9.739 “mutatis mutandis”). Vale decir que pueden ser autores y propietarios de los derechos que conciernen a la autoría de las sentencias, otras personas que no sean los Jueces, aun cuando no las firmen. Y podrán serlo en forma indivisible, máxime con las dificultades que habría para separar las partes de una sentencia sin desnaturalizar el texto (art. 28 num. 3º de la Ley No. 9.739).

 

Cuando los autores de la sentencia es un Juez de un Juzgado unipersonal, un ponente o redactor de un tribunal pluripersonal, o cuando se hace con la participación conjunta de ellos, no cabe duda que a quienes asumieron la redacción les corresponde el crédito por la defensa de sus derechos de autor.

 

Sin embargo, cuando intervienen secretarios, asistentes o funcionarios regulares o eventuales que se limitan a hacer el proyecto de los pronunciamientos judicial y al no firmarlas no asumen responsabilidad por su contenido, no todos aceptan que les corresponda un crédito de autoría, porque ellos sólo están alivianando o facilitando el trabajo del Juez, y porque debe observarse que el texto final de la sentencia es el texto que quiere aprobar, dándole su firma, el Juez o los integrantes del tribunal, aun cuando entienda que no es necesario modificar el proyecto. Que el texto sea confeccionado por proyectistas o auxiliares técnicos, no hace olvidar que los soportes del órgano judicial son en definitiva, los responsables por lo que se expresa en el texto; ellos pueden y deben no sólo revisar y corregir el texto tentativo, sino que además les es lícito cambiarle el estilo, ampliarlo, acortarlo, según deseen, sin necesidad de requerir el visto bueno ni el parecer del funcionario o de los funcionarios proyectistas. Los soportes Jueces son quienes dan a la sentencia el acabado, el contenido final y el visto bueno; se dicta la sentencia tal y con el contenido según ellos quieren y dirigen. Además, pueden prefijar las ideas, las estructuras de base y las orientaciones de estilo o argumentales, que deben emplear los asistentes. Podrán hacerle al proyecto de sentencia alteraciones o no hacerle ninguna, pero eso es indiferente porque eso significa que el Juez, la Corte o Tribunal colegiado hacen suya la redacción que entienden menester. Los asistentes o proyectistas no tienen ningún derecho a que se respete el contenido que proyectaron, porque es un material de trabajo del cual el Juez o el Colegiado puede disponer o modificar a su discrecionalidad. MURILLO CHÁVEZ niega en estos casos la coautoría a los funcionarios auxiliares o proyectistas, porque el auxiliar trabaja por razones de aliviar la tarea del Magistrado y porque se debe a los lineamientos de base definidos por éste, pudiendo al trabajo de los auxiliares o proyectistas añadirse las originalidades que considere el Magistrado, modificar parcial o totalmente la redacción que haya realizado este auxiliar; o hasta hacerla redactar o confeccionarla de nuevo (eventualmente prescindiendo del proyecto). Dicho autor entiende que no podría a los auxiliares del Juez o del Tribunal reconocérseles los derechos de los colaboradores, sino que en todo caso podría tratarse de un supuesto de “ghost writer ([30]), y les reconoce los derechos morales consiguientes a tal especie de trabajo, que podríamos entender se ciernen sobre los textos o contenidos que no fueron alterados.

 

Nosotros creemos que si bien  a los auxiliares o proyectistas de las sentencias no deben aceptársele los derechos de coautoría (porque en rigor redactan un proyecto, o sea un texto mártir y provisorio), sí deben reconocérsele los derechos morales de los colaboradores “ocultos”, pudiendo en todo caso asignárseles en el mérito de su trabajo una participación proporcional (art. 29 inc. 1º de la Ley No. 9.739, según corresponda), y cuando esto no pueda ser posible puede determinarse en coinvidisión moral conforme al derecho común y a los arts. 7º, 26 y 29 inc. 1º de la Ley No. 9.739. Pueden vindicar sus derechos morales (que son de carácter real) tales colaboradores por su parte indivisa, aplicándose los arts. 26 de la Ley No. 9.739 y art. 677 num. 3º del Código Civil).

 

 

V. ¿Existe el “plagio judicial”? ¿Pueden los titulares de los derechos morales de autor sobre las sentencias protegerlas contra dicha patología autoral?

 

El plagio o plagiarismo (nos gusta más anglicanizar la palabra) judicial posee características propias. Se encuentra en un estadio especial respecto a otras prácticas ilícitas como puede ser el literario artístico, el académico y el musical. A su vez, el plagio judicial es una de las tantas modalidades del plagio forense.

 

En cuanto concierne al objeto de nuestro trabajo, definimos como “plagio judicial” a la utilización o copia sin autorización, literal o parafraseada, de textos o conceptos de otra sentencia, escrito forense, o de cualquier obra jurídica o vernácula, que se presentan en un pronunciamiento judicial como propios.

 

Otros casos de plagio forense son las copias de escritos entre Abogados, como también la copia por Abogados de conceptos vertidos en sentencias (este último cosa extraña, porque los Abogados normalmente citan el número o lugar donde pueda ubicarse la sentencia para que el Juez de una causa pueda consultarla o tenerla en cuenta). En Uruguay encontramos un caso de plagio por un Abogado al escrito de un fiscal (ver Sección VI). Pero ya son ajenos a nuestra consideración.

 

Los Jueces suelen apoyar sus razonamientos con argumentos y razones de otros fallos judiciales, de trabajos de Doctrina y de los escritos de los litigantes. El desiderátum obligaría a que los citaran fielmente, indicando además de qué lugares, de qué referencias y de quiénes se tomaron, individualizando todos los datos necesarios. Eso hasta permitiría a las partes, a otros tribunales o a comentaristas de Derecho, saber cuáles son las fuentes de consulta del Juez. Malgrado lo expuesto, no siempre se hacen las citaciones o las referencias correctamente.

 

La práctica del plagio es desgraciadamente y mal que pese a quien le pese, muy común entre los tribunales; y en los tribunales uruguayos no se verá una excepción. Esto no debería ocurrir pero sin embargo, sucede ([31]). Increíblemente pero sin increíblemente, el Código Iberoamericano de Ética Judicial (adoptado por la Acordada No. 7688 de la Suprema Corte de Justicia) no reprueba el plagio en las sentencias, si bien en su Exposición de Motivos reclama del Magistrado judicial un “compromiso íntimo del juez con la excelencia y con el rechazo a la mediocridad”, en su art. 34 recomienda que “El juez debe esforzarse por contribuir, con sus conocimientos teóricos y prácticos, al mejor desarrollo del Derecho y de la administración de justicia”, y en su art. 57 sugiere que en sus actuaciones (lo que incluye obviamente a sus decisiones) el Magistrado “ha de procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable”.

 

Hay quienes opinan que siendo una práctica habitual, teniendo en cuenta que se trata de textos de reproducción lícita y que las sentencias no tienen como propósito constituirse en literatura, las sentencias pueden copiarse entre sí pacíficamente sin que ello sea relevante para el Derecho Autoral.

 

En una discusión sobre postular la posibilidad de concebir el plagio judicial, se entremezcla una cuestión previa sobre si la sentencia judicial posee contenidos de “obra” o de “no obra” ([32]); esto es, si posee naturaleza creativa, o si se trata de un simple texto oficial o burocrático de mero contenido. En nuestro entender, el carácter de texto oficial o burocrático que tiene la sentencia no es incompatible con la posibilidad de encontrarle un contenido original y creativo. Hemos ya mencionado que existen ciertos fallos judiciales que son verdaderas piezas de ejecutoria, de inteligencia, de escritura y de docencia, que generan pensamiento e ideas para futuros casos y para el porvenir. Una sentencia penal que resuelve un complejo caso de corrupción pública de un alto funcionario, o que se avizora que estará destinada a constituir un precedente en un tema de relativa novedad y que requiera diversas perspectivas o temas de análisis, serán verdaderas “sentencias obras”. Aunque otras serán simples reiteraciones o adaptaciones (muchas veces “recortes y pegues” o formularios en que se cambian los nombres de las partes y ciertos datos) de casos, o por su temática de sencilla elucidación o escasa complejidad del asunto no tendrán mayor vuelo ni requerirán algún análisis detenido; en este sentido, una sentencia “no obra” podría ser, por ejemplo, una sentencia de divorcio por mutuo consentimiento o por causal sin discusión entre las partes, decisiones que por lo general poseen unos pocos renglones; éstas no requieren de ninguna protección autoral en especial, porque no revisten originalidad. Ahora bien, aunque la sentencia fuere la simple adaptación de bloques de texto o de un formulario de texto a los datos del expediente y del caso concreto, plagiar o utilizar sin autorización aunque fuera esos simples bloques o formularios por quien no lo confeccionó, salvo que sea de uso oficialmente estandarizado o burocráticamente predeterminado, no deja de ser una conducta éticamente reprobable.

 

Debería pensarse si ciertas prácticas en sentencias o en escritos forenses que adoptan como propios contenidos de sentencias ajenas, aunque sea usual y no se le exija teóricamente a la sentencia otra cosa y resultado que expresar el Derecho del caso concreto, no vulnera el régimen del derecho de autor; al menos, el moral. Porque como bien acota CASSEROTTO MIRANDA, “Volcar expresiones ajenas, adoptadas en principio y luego adaptadas como propias, sin siquiera citar la fuente ¿no les parece que amerita que acuda en su auxilio, el régimen de propiedad intelectual?” ([33]).

 

Es necesario estudiar en qué aspectos de las sentencias se debe concentrar la consideración de la actividad judicial plagiaria.

 

Los hechos han demostrado en su contundente lógica que en materia de plagio, se ha sido demasiado tolerante en la actividad jurisprudencial. SÁENZ, citando a la jurisprudencia de los Estados Unidos, afirma que la conducta del Juez que copia podría estar amparada por el “fair use” (en el Uruguay, se aplica para las sentencias especialmente el art. 45 inc.1º nums. 2º, 4º y 5º de la Ley No. 9.739), porque se toma una parte parcial (no todo el trabajo) y sin uso comercial (a favor de la administración de justicia). “En efecto, el “fair use”, a diferencia del derecho de citas, no exige que siempre se atribuya la fuente y, en el caso, su uso estaría justificado por el fin social que persigue la administración de justicia.” ([34])

 

El fárrago judicial corriendo contra el tiempo, la necesidad de facilitar y de aliviar la labor, la similitud que pueden tener algunos casos entre sí, o el hecho de que puedan compartirse entre ellos problemáticas, o aspectos de hecho, interpretación, o de aplicación de principios o de hermenéutica comunes, análogos o trasladables, no siempre permiten preocuparse por que entre las sentencias pueda haber originalidades en los conceptos ni en la exposición. Cierto es que muchas sentencias se inspiran inclusive en otras anteriores, o en ideas ya desplegadas en otras sentencias. En principio, el uso de ciertas consideraciones generales o de bloques conceptuales, y hasta cierta técnica de construcción estándar, suelen apreciarse entre los textos de los pronunciamientos jurisdiccionales, inclusive expresiones o recursos argumentales y dialécticos. En casos semejantes, no suele pergeñarse “nihil sub sole novum”. Todo esto, después de todo, va haciendo la Jurisprudencia, que es el resultado de una evolución o edificación impersonal y colectiva, que se construye sobre los aportes de las generaciones de Magistrados pasadas y presentes, y que a su vez alimentará a las que vendrán, transversalizando un ámbito nacional, pero eventualmente también uno regional o uno internacional.

 

En el ambiente judicial, donde no siempre puede advertirse una clara autoría original, ni una novedad en el desarrollo, que además utiliza un lenguaje con expresiones compartidas y que son del Arte de Juzgar, en la práctica no se suele ser tan severo en el análisis de creatividad, ni nadie repara o se detiene a escrutar la originalidad de la escritura o de la autoría, o si existen entre ellas copias no autorizadas, como se realiza en el ámbito académico.

 

Es más, se ha planteado que no debería considerarse el plagio como un problema en la Jurisprudencia, o que en todo caso debería hacérsele la “vista gorda”. Como expresara SÁENZ:

 

Quizá sea deseable que, en su delicada misión de impartir justicia, los jueces no estén preocupados pensando de dónde obtuvieron un argumento, expresión o idea, al escribir la sentencia o si han copiado un pequeño extracto de escrito de una parte aquí o de doctrina allá. A nuestro criterio, es preferible que un juez razone bien en lugar de preocuparse por la responsabilidad legal de una eventual cita defectuosa. Las leyes, por lo general, no suelen condenar por pequeñas o insignificantes infracciones de derecho de autor”.

Uno prefiere que el juez sea el mejor escritor posible. Esto puede llevar el copiar alguna parte de un escrito u otros, lo que ahorra tiempo, producir más trabajo y mejor la justicia. El lector no está interesado en la originalidad o si es defraudado sobre el verdadero autor sino en la calidad del trabajo.

No obstante lo expuesto, como explicamos, sí nos preocupa que los jueces en su resolución razonen bien y expliquen a las partes como —fruto de ese razonamiento han concluido— en la adjudicación de justicia. La resolución, entonces, a pesar de la copia, tiene que dejar ver ese razonamiento de su propia auténtica decisión y en alguna medida su fuente. Esto permitirá al justiciable evaluar el razonamiento e impugnar el eventual fallo.” ([35])

 

CASSEROTTO MIRANDA, citando a SÁENZ, sostiene de sus ideas que:

 

 “A) Constituye un error trasladar un estándar académico al ambiente judicial pues si en el ámbito del poder judicial se incurre en la copia parcial o total de una producción científica doctrinaria o de alguna producción intelectual formulada por algún operador jurídico (ej. abogado litigante) o bien de la expresión de ideas que fueran formuladas por algún otro juez, por ej. bajo ninguna circunstancia estos supuestos ameritan ser interpretados y en consecuencia calificados como plagio.

B) Lo que resulta verdaderamente relevante no es el plagio – que como ya señalé según este autor no tendría lugar en el ámbito del poder judicial–, sino la circunstancia de que el juez explicite las razones de por qué ha resuelto de la manera en que lo ha hecho.

C) El juez no debería llevar a cabo este tipo de prácticas [de plagio], y debería conocer a fondo el régimen jurídico del derecho de autor. Vulnerar ello, importaría no sólo un problema ético sino también una ulterior violación a la ley.” ([36])

 

Para SÁENZ, es necesario tener en cuenta que no todo lo que se copia es plagio. Recuerda que cada ambiente académico, artístico y profesional tiene su propio (explícito o implícito) código de honor al respecto. Pone de manifiesto que en el mundo judicial existe flexibilidad en los usos y adaptaciones de otras sentencias, entre los Jueces y los tribunales. “En el mundo académico el prestigio depende de los créditos como autor más que de las regalías por el trabajo en sí. El prestigio por la labor intelectual es una de las metas más importantes, y copiar la obra de otro implica una falta grave e insalvable que perjudica -por no decir destruye- su carrera académica. En el mundo literario también es una falta grave que puede llevar a causas penales o perder premios. Debemos ser cautos, entonces, para no imponer cargas del mundo académico a la práctica legal.

 

Y remata SÁENZ, en su trabajo:

 

Más allá de que no se puede trasladar un estándar académico al ambiente judicial y que no haya un daño económico, lo cierto es que el tribunal de disciplina de los jueces responde a una sociedad que percibe como algo éticamente reprochable el plagio. La sociedad, en general, ve al plagio como una forma de hacer trampa. El estigma de plagio ha sido sancionado éticamente en otros ambientes como en el caso de empleados, periodistas, políticos, abogados y científicos. La norma en general tiene que ser evaluada no sólo por su contenido, sino también por el sentido común de la sociedad.

Su falta, entonces, no gira al rededor del aspecto económico, ni de los derechos morales de autor de un trabajo, o el rédito académico del juez, sino de una infracción ética que, en el ambiente judicial, aunque más “atemperada”, sigue existiendo cuando hay mala fe. Los jueces deberían ser los sujetos éticos por excelencia y, el plagio más que nada embiste en el corazón de ese requisito porque es una falta de honestidad intelectual.” ([37])

 

Para CASEROTTO MIRANDA la función del Juez es dictar sentencias y no escribir doctrinariamente. Por todo ello, citando a TOLLER, concluye que “la utilización de partes de escritos ajenos, sean de doctrina, sean de jurisprudencia, no parece configurar plagio jurídicamente reprochable, porque el interés en la sentencia es de otro tipo que el interés social en un trabajo de doctrina, del mismo modo que quien redacta una reglamentación o un proyecto de ley no comete plagio por tomar partes, aun literales, de documentos anteriores elaborados por otros, estén o no en vigencia”. Sin embargo, y aunque dicha doctrina postula en su óptica que las sentencias judiciales no se encuentran alcanzadas por el derecho de autor, “debería pensarse en qué medida el contenido obrante en ellas –fundamentalmente por cuanto a los fines de brindar argumentos acuden a expresiones de ideas de juristas, de otros jueces u abogado litigante, por ej.–, no vulnera el régimen del derecho de autor” ([38]).

 

Destaca RICHMOND que los jueces suelen usar en sus redacciones escritos ajenos sin preocuparse por la originalidad de sus textos (ese autor analiza la problemática desde la situación del plagio por las sentencias de los escritos de las partes, y no de la copia indebida entre sentencias). Observa, al igual que en Argentina lo hicieron CASEROTTO MIRANDA y SÁENZ, que se trata de una práctica común en el ámbito forense, que en lo judicial no suele considerarse como una cuestión o componente ético, y que los Abogados no intentarán incoar un proceso disciplinario a un Magistrado por eso. Entiende también que no es una cuestión fácil, porque no se espera de una sentencia que sea original, sino que resuelva en forma imparcial y fundada el caso, además de que es muy difícil entender que puedan plagiarse las ideas, aun cuando pueda seguirse los argumentos de una parte. Sin embargo se pregunta si cuando la sentencia sigue en forma tan estricta o literal el escrito de alguna de las partes, no podría con eso adoptar algún sesgo de imparcialidad, aunque precisa que de todos modos, el punto para contestarlo está analizar qué justicia e independencia existe en el juzgamiento y en el razonamiento judicial; si lo que se plasma en los textos no es la opinión del juez, o los hallazgos de la lectura no evidenciaran la decisión imparcial del juez, eso constituiría una inconducta. ([39]).

 

Cierto es que en la práctica judicial no suelen plantearse problemas o denuncias de plagio entre los tribunales, lo que no quiere decir que no exista, y vaya si es que ocurre. Es que el uso justo o “fair use” entre los tribunales judiciales de las sentencias o doctrinas ajenas se articula, en rigor de verdad, de un modo especial, mas no exigente. Hay factores multicausales para ello: tolerancia y costumbre, tiempos y tensiones que obligan a que no siempre se pueda ser exigente en los textos, necesidad de resolver de alguna forma el caso concreto, habitualidad cada vez mayor de la técnica del “recorte y pegue” para agilitar el trabajo, la pretendida modestia de que el texto de la sentencia en principio está destinado a agotarse en solucionar el caso concreto y no se propone hacer literatura jurídica, el hecho de que no suelen verse o apreciarse como textos literarios sino como documentos oficiales, la situación de que no se entiende como una conducta éticamente reprobable, y tantos otros.

 

Empero esto no supone, que copiar indebidamente sentencias se encuentre bien, o que sea una práctica correcta. Debemos afirmar que el plagio judicial existe, y que el hecho de que sea habitual o tolerable, no evita la necesidad de considerar la patología que puede revestir esta problemática.

 

Afirmamos que si bien el Juez no tiene que ser, ni escribir como un académico o un doctrino, ni tiene por qué hacer ciencia jurídica en sus decisiones, nada le prohíbe hacerlo cuando la ocasión lo amerita. Porque después de todo el Juez, como dijera Francisco GAMARRA, “es, también, un investigador: busca la verdad… juzgar es descubrir; descubrir la verdad, en la vida, y en la ley” ([40]). Y para lograr que las investigaciones de un Juez tengan justa valía y autenticidad, deben ser propias del Juez o de sus redactores, sin perjuicio de las relaciones o citas de textos ajenos que toda investigación implica.

 

Nosotros debemos sostener una vara más alta, para defender la inventividad del creador judicial, para apuntalar a la investigación, para dignificar la obra producto del esfuerzo y del agotamiento del verdadero Juez o del equipo que lo asesora y apoya, apuntando a la excelencia y a la calidad de las sentencias sin mengua de su claridad y precisión.

 

Hemos observado que en el Uruguay la sentencia está protegida y no está excluida del sistema de Derechos de Autor, a pesar de que ésta sea un documento oficial o público hecho en ocasión de la labor jurisdiccional como soporte de un organismo. No hay agotamiento de los derechos morales de autor sobre las sentencias, por el hecho de que están a disposición pública una vez dictadas.

 

Existen además derechos morales tutelados por la Ley, a favor del Juez o de sus redactores, a que se les reconozca su autoría, y a que no se utilice su creación sin el debido crédito o cita. La divulgación o reproducción libre o lícita del texto de la sentencia, no da derecho a nadie a emplearlo extrayendo sus conceptos y haciéndolos pasar como propios. La reproducción de esta clase es ajena al uso justo (“fair use”) y aunque tolerada, no deja de ser ilícita.

 

A su vez, ningún pronunciamiento judicial tiene derecho no sólo a tomar sentencias ajenas, sino que tampoco le es lícito apropiarse indebidamente de textos doctrinarios o académicos, sin referenciarlos plausiblemente.

No es ya una mera cuestión moral o ética, y por su trascendencia debería llamar la atención de la Ley.

 

Y aunque se considere a la problemática una cuestión ética o moral más que legal, observar una política de reprobación contra el plagio judicial no sería poca cosa en un mundo que debería regirse por Valores.

 

MURILLO CHÁVEZ destaca que la sentencia tiene dos partes:

 

a) La estructura forzosa, determinada por la Ley. En nuestro sistema nacional y para el proceso civil, serían los arts. 197 y 198 del Código General del Proceso, que dan algunas pautas de estilo y de qué elementos debe poseer el pronunciamiento judicial. La sentencia debe contener necesariamente:

     i) “la fecha y la identificación de los autos, con mención de las partes intervinientes y demás elementos que surjan de la carátula del expediente” (art. 197 inc. 2º del C.G.P.), que se conoce estructuralmente como los “Vistos”;

    ii) “A continuación se establecerá, de modo claro y sucinto, el o los puntos litigiosos, los hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados, consignándose los fundamentos de derecho en cuya virtud se les tiene por tales” (esto se comprende en la estructura de la sentencia, dentro de los “Resultandos”, aunque suele ubicarse la relación de los hechos que se tienen por ciertos y probados dentro de la sección de los “Considerandos”; art. 197 inc. 2º del C.G.P.);

    iii) “Le seguirá la exposición de las razones jurídicas en cuyo mérito se aplica el derecho y se concluirá con la parte dispositiva, que se redactará en términos imperativos.” (art. 197 inc. 3º del C.G.P.). “Las sentencias contendrán decisiones expresas, positivas y precisas. Recaerán sobre las cosas litigadas por las partes con arreglo a las pretensiones deducidas, declararán el derecho de los litigantes y se pronunciarán sobre las condenaciones en costas y costos” (art. 198 inc. 1º del C.G.P.). Que comprende a las secciones de “Considerandos” y del “Fallo”.

 

b) La estructura creativa, que está determinada por la motivación del acto, dentro del principio de congruencia ([41]). Esto refiere al contenido argumental o a la motivación del pronunciamiento judicial.

 

En la semejanza que puedan presentar los elementos estructurales de las sentencias no hay plagio, porque la Ley define la estructura. Inclusive, las fórmulas de estilo estructural de las decisiones judiciales se van asemejando y homogeneizando entre sí con el uso y con el tiempo, y por eso no se ve en ello problema. La práctica ha definido, por ejemplo, que los textos de los Vistos y de los Fallos sean casi similares en todas las sentencias. 

 

El problema de los plagios se encuentra medularmente en el contenido de los Considerandos, que es donde está el numen creativo y la médula potencialmente innovadora del pronunciamiento judicial. Debido a que la originalidad y la creatividad del pronunciamiento se advertirá, en el valor y carácter de sus motivaciones y fundamentos, o Considerandos, respecto a ellos, y en cómo se use los mismos por otros pronunciamientos, debemos concentrarnos para examinar si la utilización se hace en forma legítima o ilegítima, o sea para determinar si el empleo es indebido o plagiario, o si se encuentra dentro de las costumbres de uso justo.

 

Se plantea el problema del plagio judicial cuando se copia sin autorización, el contenido de sentencias que poseen en sus motivaciones (o Considerandos) conceptos elaborados en que se orientan criterios (en ocasiones con debida articulación de citas de sentencias, legislación y bibliografía); o en las cuales se advierte una labor de investigación objetivable que puede generar ideas y precedentes para futuras sentencias. También cuando se copian estudios doctrinarios o escritos de Abogados. En muchas oportunidades, la copia indebida se realiza repitiendo los textos tomados a la letra, inclusive con las mismas citas textuales sin reconocer de dónde se extrajeron; en otros casos, la utilización indebida impropia se verifica mediante parafraseo (se cambian o reformula la redacción pero los conceptos e inclusive su orden o forma de presentarlos, son los mismos).

 

El estándar para saber si hay plagio o no en la sentencia se mide por cómo se ha incorporado el material a la sentencia. Hay plagiarismo “sólo cuando la incorporación es de tal clase que una persona sensata podría concluir que el Juez no puso su mente en los tópicos de lo que trata y no podría por sí haberlos razonado imparcialmente; la cuestión más importante es que los Jueces y aquellos quienes les asisten escriban las decisiones de tal forma que se entienda que su decisión es original, lo que podría evitarle algunos cuestionamientos y hasta dolores de cabeza legales” ([42]).

 

 

VI. Algunas prácticas plagiarias de sentencias judiciales (plagios entre sentencias)

 

No todas las sentencias se toman el trabajo de citar las fuentes de donde sus fundamentos provienen, y se cree que en principio no tienen que hacerlo, porque se entiende o se parte de la petición de principios, que la sentencia es un producto del pensamiento del Juez y entonces basta que sus motivaciones y planteamientos se expresen de modo coherente. Por otra parte, no siempre se considera que existe copia ilícita de otros pensamientos en sentencias, cuando en los diferentes casos los contenidos entre ellas se repiten o reiteran de tal forma que ya dejan de ser originales.

 

Los Jueces o los redactores de una sentencia no deberían transcribir sin citar debidamente ni apropiarse de los conceptos, en forma literal o parafraseada, de algún autor o de sentencias de otros tribunales, sin desconocer el derecho que ellos tienen sobre la originalidad de sus contenidos; es menester reconocerles el crédito y atribuirles la cita, dentro del uso honesto de las fuentes. De lo contrario, no sólo sería un problema ético que coloca en falsa escuadra e impacta en la imagen del Juez, de su tribunal y de la Justicia ante la sociedad (porque toda copia indebida es una conducta socialmente reprochable), sino que además podría comportar una infracción a la legislación autoral.

 

Muchas prácticas de copia de sentencias entre tribunales o a nivel forense no se consideran plagiarias; o al menos se encuentran por la costumbre consideradas dentro del uso justo. Lo que es más, el plagio o copia irregular entre las sentencias no se aprecia ni llama la atención, o se lo percibe con indiferencia, ni parece constituir un mayor problema en el ámbito forense. Como que el plagio judicial fuera un “plagium bonum”.

 

Es tolerado y no es visto como irregular que un mismo tribunal reitere, reutilice o recicle sus propios textos; el “autoplagio judicial” parece una práctica lícita o que al menos, no ofende a nadie. Es costumbre asimismo, en los tribunales colegiados cuyo pronunciamiento se forma a través de un Redactor que plasma la opinión de todos los miembros del cuerpo a través de sus distintos pareceres o Votos, que no se individualice al miembro del Tribunal que dio tal o cual fundamento, porque se entiende que lo que se redacta es el producto de todos, un producto colectivo (inclusive los miembros no-redactores pueden corregir, hacer modificaciones o inclusive observar el proyecto de redacción original, incluyéndole sus propios aditamentos o alteraciones).

 

Existen textos cuya estructura y bloques de fundamentos se encuentran ya estandarizados o en formularios predeterminados. Es asimismo usual que en casos de escasa complejidad o donde las temáticas se repiten, los textos de las sentencias entre los tribunales posean contenidos semejantes, o hasta se repitan “mutatis mutandis”. Esto es común, por ejemplo, en casos de divorcios o en juicios donde no hay oposición de la parte contraria. Las sentencias que se dictan de tal clase, por lo general escuetas, o de escaso e irrelevante contenido, no supondrán innovación ni aportarán gran cosa al acervo jurisdiccional o jurídico; al no revestir originalidad o al haberse vulgarizado, no importará que sean utilizadas o adaptadas por otros tribunales para redactar sus propias sentencias.

 

En rigor de criterio y en teoría, una sentencia puede apoyarse en el razonamiento de otras sentencias, en argumentos de doctrina y hasta en los argumentos de los Abogados de las partes. Se dirá que en este supuesto se repiten ideas y no conceptos; pero el desiderátum requeriría citar de dónde provienen, porque muchas veces se reproducen no solamente ideas sino también conceptos (hasta en forma literal o parafraseada según las hipótesis). Obviamente y además, el Juez o los redactores del pronunciamiento judicial deben agregar sus argumentos propios para elaborar las sentencias.

 

Seguir orientaciones de jurisprudencia, o pensamientos de líneas anteriores de otros Jueces, tribunales o pensadores de Derecho, aunque no se citen sus fuentes, se les aluda o se las transcriba mencionado en forma general que son opiniones consolidadas de la jurisprudencia y doctrina con expresiones tales como “la jurisprudencia vernácula” o “la doctrina más recibida”, no supone necesario plagio ni un uso indebido de las sentencias o doctrinas anteriores. Porque las ideas que podrían guiar a las sentencias en sí, o los procedimientos de razonamiento, no son objeto de protección autoral (art. 5º inciso 1º de la Ley No. 9.739) ([43]).

 

El plagio o la copia indebida comienza a observarse en una sentencia, cuando el texto adaptado o tomado en forma parcial o total de otra, no aludió ni referenció la fuente de donde se obtuvo el contenido o los conceptos, sin siquiera dar los datos que puedan de alguna forma individualizarla (ni siquiera la fecha, o el número, o qué Magistrados intervinieron, o el Juzgado o Tribunal o Corte de donde provino).

 

Es común que se cite se cita a una sentencia por otra, no por el nombre del Juez o Colegiado que la redactó, sino que se alude al Tribunal que integra como si éste impersonal y abstractamente la hubiera hecho, despersonalizando a su autor. Esto no significa una cita indebida o un plagio, o una falta de reconocimiento al autor o a sus autores, ni una infracción a los derechos autorales, al menos a los no morales. Pero el Juez o los miembros del Cuerpo Colegiado pueden exigir a las publicaciones o autores cuando se aluda a sus sentencias que se cite el nombre de sus redactores o autores oficiales, porque lo permite la Ley al menos como un derecho de autor de carácter moral (arts. 1º “inicio” y 12 num. 1º Ley No. 9.739).

 

Suele ocurrir que los conceptos de otras sentencias se copian, adaptan y parafrasean con tal profusión y habitualidad, que con el tiempo forman textos que se van estandarizando o deviniendo en lugares comunes, de tal suerte que algunas sentencias ni siquiera reconocerán el origen de sus asertos en pronunciamientos anteriores de otros tribunales.

 

En otras hipótesis, se advierte que en cuanto a los contenidos, entre sentencias de distintos tribunales hay textos y bloques que se repiten, parafraseados o hasta íntegros inclusive en su relación de referencias bibliográficas de jurisprudencia y doctrina, y que se han tomado de otros cuerpos judiciales. Hemos apreciado en algunas sentencias, que copiaron literalmente textos de otro pronunciamiento que tenía referencias mal hechas, que a su vez se tomaron de otra sentencia que ya también poseía esas mismas referencias equivocadas, que a su vez tomó el yerro de otra; y así ese error de citación se va arrastrando en cadena entre tribunales y fallos…

 

No obstante, cuando se advierte la copia o la autoatribución de textos ajenos de otros tribunales por una sentencia sin hacer al texto utilizado la debida referencia, el proceder no deja de ser, por así decirlo, “chocante”. Ya no se diga desde el punto de vista de los Derechos de Autor, sino de la Ética. Especialmente resulta criticable si se copiaron para la sentencia indebidamente, textos de otras sentencias u obras jurídicas que hayan tenido esfuerzo e invención de originalidad.

 

Se ha concitado en algunos casos del Derecho Comparado, verdaderos escándalos ante sentencias que copiaron íntegramente extensos parágrafos o textos de otras sentencias, autores o de escritos forenses, sin hacerles la debida cita ni destacar el crédito que merecía el autor original. Se ha tratado de desviar en estas situaciones la responsabilidad y el mal momento achacándole la culpa a errores involuntarios en la citación, o a errores del auxiliar en la redacción, o alegando que no hubo mala intención del Juez ni de nadie. No obstante, el responsable por la firma de la sentencia y por ende el responsable del plagio es, en rigor, el Juez o los miembros de un Cuerpo judicial colegiado. En otro aspecto, aducir que el acto fue involuntario, no cambia el hecho de que ha sido plagio de todos modos.

 

Enumeraremos algunas prácticas de plagio de sentencias que suelen ser comunes entre los tribunales. Básicamente, podríamos distinguir entre plagios de sentencias (pronunciamientos que copian indebidamente trabajos de doctrina y de escritos de Abogados), plagios entre sentencias (piratería de textos -y hasta de sus citas- tomados de otras decisiones judiciales), y prácticas mixtas (que combinan ambas modalidades de estas copias irregulares).

 

No ejemplificaremos con casos concretos. Mencionaremos los pecados pero no a los pecadores. Son ejemplos de plagio judicial:

 

a)      Copias o adaptaciones exactas o cuasi exactas, de pasajes tomados de otras sentencias, de obras de doctrina o de escritos forenses, o de cualquier clase de obra literaria (esta última hipótesis menos frecuente, pero existe),  extrayendo conceptos fundamentales que revistan originalidad en su contenido, sin citarse a las fuentes, o sin adicionarles comillas para distinguir la transcripción;

b)      Transcripciones parafraseadas de fuentes externas, sin reconocer a la fuente u origen de donde se tomaron los conceptos;

c)      Técnicas de “recorte y pegue” de bloques otras sentencias o textos, sobre todo cuando aluden a consideraciones generales, en muchas ocasiones sin apercibirse de si se adaptan bien o no al caso, de si están correctamente ensamblados, o de si vienen bien a colación con lo que se está tratando.

 

No conocemos que en el Uruguay hayan llegado a conocimiento de los tribunales, casos de plagiarismo judicial (al menos, no han sido juzgados). Conocemos solamente un caso penal que terminó en absolución por Casación, de plagio de un escrito forense. Se trató de un Abogado que copió un escrito de acusación fiscal. En la sentencia No. 194/2007 de la Suprema Corte de Justicia, redactada por el Dr. Jorge Ruibal por la mayoría, casando la decisión de segunda instancia para exonerar al acusado, se partió de la base de que el escrito fiscal copiado no se encontraba registrado por derechos de autor. Si bien dicha sentencia reconocía que el art. 5.2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas ratificado por el Decreto-Ley No. 14.910 no requería la inscripción en el registro de derechos autorales para proteger la obra, indicando que el goce y ejercicio de estos derechos no está sujeto a ninguna formalidad, el art. 5.3 de dicho Convenio también establecía en definitiva que “La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional”. La comentada sentencia destaca que en la época en que se había cometido la práctica dubitada, la legislación interna de los arts. 6º y 53 de la Ley No. 9.739 exigía todavía la registración obligatoria previa para que toda obra pudiera ser tutelada, distinguiendo una protección especial para lo nacional. Por lo que la mayoría entendió la legislación penal uruguaya sobre derechos de autor (especialmente el art. 46 de la Ley No. 9.739, que era el involucrado en el caso referente a la reproducción ilícita de obras) no era aplicable para proteger a las obras no registradas. El fallo tuvo una discordia de la Dra. Sara Bossio, quien expresó que a la época de los hechos, “en virtud del Convenio de Berna, vigente en nuestro país por su ratificación por el Dec.-Ley No. 14.910, en su art. 5 nal. 2 establece que "El goce y ejercicio de dichos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad o registro...", lo que deroga la previsión del art. 6º de la Ley No. 9.739, determinando la suerte del agravio referido a que la presentación de un escrito judicial no es equiparable al registro del derecho de autor, en tanto tal registro no es -según el derecho vigente- necesario.” Compartimos, por supuesto porque la consideramos acorde a Derecho, la opinión de la señora Ministra disidente Dra. Sara Bossio. Acotamos que con el art. 4º de la Ley No. 17.616 del 10 de enero de 2003, se derogó la necesidad de que la obra tuviera que estar registrada para merecer la protección autoral según establecía el art. 6º inciso 1º de la Ley No. 9.739 en su texto primigenio, al haberse reformulado el art. 6º, disponiéndose en el inciso 2º: “El goce y ejercicio de dichos derechos [de autor] no estarán subordinados a ninguna formalidad o registro y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra”.

 

Acotaremos, otra vez, que en la peor hipótesis de que se considere que la autoría y la originalidad de una sentencia no pueda ser protegida jurídicamente, de todos modos no podríamos dudar que como moral y éticamente sería reprobable.

 

Queda una clase de plagio a considerar, que es la copia irregular o espuria que una sentencia hace de obras jurídicas académicas o doctrinarias, o inclusive de cualquier clase de escritores. La copia indebida por las decisiones judiciales, de obras doctrinarias y académicas jurídicas especialmente, es también frecuente entre las Sedes de justicia. Esta hipótesis es más compleja, dado las consecuencias que puede tener ante eventuales reclamaciones que pudieren emprender los autores eventualmente perjudicados. Sobre esto nos referiremos en la Sección VII, 2.

 

 

VII. Tutela contra el plagio judicial


RICHMOND se pregunta si el plagio judicial es una inconducta que debería ser sancionada entre los jueces ([44]).

 

Es necesario distinguir para ello dos clases de abordajes contra el plagio a nivel de los tribunales:

 

a) acciones de los Jueces o autores de las sentencias, contra la copia o utilización indebida de las mismas;

 

b) acciones de terceros contra los tribunales plagiarios. 

 

1. Acciones de los Jueces o autores de las sentencias, contra la copia o utilización indebida de las mismas

 

El tema es cómo, y de qué manera, podría operar una protección legal autoral en estas hipótesis. Debido a que el trabajo de los Jueces constituye la exposición y la interpretación de la ley y es público para todos ([45]), como las sentencias son documentos públicos, y su divulgación y utilización es enteramente libre, es muy raro que pueda tenerse éxito en reclamar en protección de los textos de los pronunciamientos judiciales, alguna infracción a los derechos de autor o de “copyright”.

 

Alguien preguntará: Si la reproducción o por tanto la utilización de los textos de las sentencias es lícita y libre (art. 45 inc. 1º num. 2º, 4º y 5º de la Ley No. 9.739) ¿por qué debería ser ilícito el plagio de los pronunciamientos judiciales o entre ellos? Respondemos que el plagio judicial entre los tribunales es ilícito: a) porque al ser una práctica desleal y contra la buena fe, se encuentra fuera del uso justo o “fair use”; b) porque agrede el derecho moral del Juez o del autor de la sentencia a que se le reconozca el crédito o la autoría, cuando el plagiario se apropia de los conceptos originales de aquél y los coloca como suyos; c) porque en el Uruguay las sentencias no están excluidas de la protección de los derechos de autor morales.

 

Los Jueces o los redactores (estos últimos aun cuando se considere que sus derechos son los del “escritor fantasma”) pueden a través de acciones civiles o declarativas perseguir solamente sus derechos morales, contra eventuales plagiarios. Ya hemos visto que esto es no sólo posible, sino también pertinente.

 

Podrían también los autores de las sentencias solicitar una tutela disciplinaria contra loa tribunales plagiarios. En realidad, la Ley no establece una sanción administrativa expresa contra las prácticas plagiarias de los tribunales, salvo cuando ello ocurra como “acciones u omisiones en el cumplimiento de sus cometidos” y que además, de ello “pueda resultar perjuicio para el interés público o descrédito para la Administración de justicia.” (art. 112 num. 1º de la Ley No. 15.750). Pero deben concurrir los dos factores simultáneamente: a) acción u omisión; b) perjuicio para el interés público o descrédito de la Administración de Justicia. Esta posibilidad parece más de laboratorio que factible, porque todo dependerá en los hechos de si considera al plagio de las sentencias o no, una práctica habitual o lícita en el ámbito forense y jurisprudencial, de qué importancia se le quiera dar al plagio judicial como infracción atento a la tolerancia o indiferencia habitual con que se maneja, y qué entidad puede tener para la Administración de Justicia cuando no causa perjuicio trascendente a derechos (art. 10 de la Constitución nacional).

 

No pueden los Magistrados o los autores de las sentencias reclamar, como hemos dicho, derechos económicos. Entonces, no pueden pedir una indemnización civil contra los plagiarios judiciales (coliden entre sí los arts. 45 inc. 1º nums. 2º, 4º y 5º con los art. 47 y 51 de la Ley No. 9.739, primando el 45), ni hacer desaparecer ni anular los textos o párrafos en infracción. Tampoco pueden reclamar en nuestro criterio, una multa civil (art. 51 de la Ley No. 9.739) contra el uso indebido de las sentencias o la práctica plagiaria , porque ello tendría como presupuesto un reclamo económico que no se puede proseguir: cero por toda la cantidad, es igual a cero.

 

Los autores de las sentencias no pueden pedir la erradicación del texto plagiado en otra sentencia en infracción, ya que carecen de legitimación en los intereses del litigio donde se dictó la sentencia dubitada.

 

Tampoco puede reclamarse penalmente contra la reproducción ilícita o plagiaria, no operando el art. 46 de la Ley No. 9.739, porque la reproducción y difusión de las sentencias es libre.

 

2. Acciones de terceros contra los tribunales plagiarios

 

Esta hipótesis contempla la posibilidad de que autores de trabajos doctrinarios y académicos, o inclusive cualesquier escritores en general, puedan accionar contra los tribunales que utilizaron indebidamente sus textos, apropiándose en la sentencia del o de contenidos de aquéllos sin el reconocimiento del crédito o sin citarlos como correspondía.

 

La cuestión enfrenta el debate previo sobre si es concebible el plagio en esta hipótesis (o sea, si este plagio (que en la Sección VI caracterizamos como “plagio de sentencias”) debe verse como reprochable, o esto podría considerarse en la práctica de las sentencias como un “fair use” o un “plagium bonum”).

 

Cuestión y preocupación no menor, porque de entenderse que este plagio es indebido y por ende ilícito (art. 1319 del Código Civil), estos terceros autores doctrinarios y académicos (inclusive hasta el escritor de cualquier clase cuya obra pudiere ser copia irregularmente por una decisión judicial) poseen toda la parafernalia de acciones civiles (por daños y multas punitivas -art. 51 de la Ley No. 9.739, más normas concordantes y complementarias-) y penales que acuerda la legislación sobre protección de sus derechos de autor. Amén de la posibilidad de denunciar administrativamente a los tribunales infractores. No habrá acciones de cese de uso, porque el plagio ya se agota con la adopción apropiada del texto ajeno, salvo que se solicite el borrado o testado del copiado irregularmente.

 

Las acciones económicas civiles podrían por tales terceros dirigirse contra el Estado, en estos supuestos (arts. 24 de la Constitución, art. 111 de la Ley No. 15.750 en la redacción del art. 11 de la Ley No. 19.830).

 

3. ¿Nulidad de la sentencia plagiaria?

 

¿Es nula la sentencia plagiaria? Entendemos que no, más allá de lo reprochable que pueda considerarse como infracción, o que pueda eventualmente comportar responsabilidad funcional administrativa en ciertas condiciones especiales (ver “supra”). Porque no inficiona al acto jurisdiccional ni al pronunciamiento en su trascendencia ni en su mérito, cuando su punto medular en realidad, es el fallo o parte dispositiva, es lo que se decide; eso nunca puede ser plagiado, porque es la expresión final de la voluntad del juez, aun cuando en el texto del fallo pueda repetirse casi textual o textual lo que haya pedido la parte vencedora. La motivación, plagiada o no en su texto, sólo articula los fundamentos; pero aunque use textos copiados indebidamente, lo que interesa es el fallo.

 

Ahora bien, podría pensarse que una sentencia que tenga un plagio importante en su contenido, en realidad carece de los argumentos verdaderos y personales del Juez; despojada del texto dubitado, la sentencia podría quedar sin motivación y como inmotivada sería pasible de nulidad. La parte en juicio tiene derecho a pedir la nulidad de una sentencia en infracción plagiaria, por inmotivación. Sin embargo, en los hechos todo dependerá de cuánta extensión y cuánta incidencia conceptual tenga el texto copiado o parafraseado ilícitamente en la expresión de los motivos del pronunciamiento. Deberá verse qué trascendencia tiene el texto plagiado dentro de la totalidad de la fundamentación empleada, para asertar si una sentencia debería ser o no nula, por inmotivación. Si fuera de ese texto pueden encontrarse, en la lectura del pronunciamiento dubitado, también otras motivaciones o argumentos idóneos y plausibles para fundamentar el fallo, a pesar del plagio la sentencia dubitada no sería nula.

 

Digamos al pasar que la nulidad del pronunciamiento judicial en infracción de plagio debería pedirse por una parte interesada y agraviada en juicio por aquél (art. 115 del Código General del Proceso). No puede esta nulidad declararse de oficio a nuestro entender, ya que no hay expreso legal que lo disponga, pero puede declararla un tribunal superior que esté entendiendo en una instancia de alzada o en ocasión de un recurso extraordinario, si ese planteamiento le fuere hecho por alguna parte agraviada.

 

En la Argentina tenemos un caso en que fue anulada una sentencia, porque se había copiado 75 (setenta y cinco) párrafos de otro pronunciamiento judicial de la Sala I Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, sin citarlo. Entendió al respecto la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, en su sentencia del 15 de marzo de 2016 en el caso “Iezzi, Jorge Ángel y Ot. c/ Auto Club Balcarce y Ot. s/ Daños y Perjuicios”, para anular el pronunciamiento de primera instancia. Se justificó ello en que la sentencia, con ese plagio, se evidenciaba como sin motivación propia. Para ello se justificó que una resolución debidamente fundada “se traduce en el deber del juzgador de exponer –a las partes, a la sociedad toda- una motivación propia”, y que en todo caso ello ocurre “cuando pertenece en forma exclusiva a la labor intelectual del magistrado que la formula y que la exterioriza en su sentencia”. Se argumentó al respecto que “…si las argumentaciones transcriptas no han sido el producto de la reflexión y del estudio doctrinario y jurisprudencial del magistrado, mal pueden las partes –y este tribunal- conocer cuál ha sido el verdadero proceso intelectivo por medio del cual arribó a la conclusión”. En el caso se encontró además de transcripciones literales, que se habían hecho ciertas modificaciones mínimas en la redacción plagiaria (parafraseo) para adecuar el texto que se copiaba a los hechos del caso, o para eliminar la relación entre el contenido original y la del fallo plagiario alterando algunos contenidos en los “giros conectores con los que se inician los apartados”.

 

Trascribimos de este fallo este fragmento del voto principal, a cargo del Dr. Roberto J. LOUSTAUNAU, que no posee desperdicio:

 

En efecto, a partir del punto “a” del considerando III (titulado «Responsabilidad») y hasta el punto “f” de la sentencia se han reproducido un total de setenta y cinco párrafos pertenecientes a la resolución del tribunal de Lomas de Zamora. No he encontrado en el texto de la sentencia apelada referencia o cita alguna vinculada al fallo original, omisión involuntaria que ha de estar motivada seguramente por la intensa labor diaria que tienen los jueces “de trinchera”, como solía decir Morello con relación a los magistrados de primera instancia. Así todo, y aun siendo involuntaria la falta de referencia a la fuente citada, no puedo dejar de destacar que la transcripción tiene una extensión que se encuentra en los limbos de lo discursivamente tolerable (más de setenta párrafos en un total diecinueve carillas completas) y se han realizado mínimas modificaciones en la redacción del texto citado, ya para adecuarlo a los hechos del caso (v. gr., punto III.c. treceavo párrafo) o bien para eliminar la total identidad entre el contenido original y el volcado en el decisorio (e.g., se han alterado giros conectores con los que se inician los apartados). Inclusive se han reproducido párrafos sin las citas doctrinarias originales, haciéndose propias las reflexiones de autores de reconocida trayectoria que han sido mencionados –con la debida referencia bibliográfica- por los camaristas de la Sala Primera del tribunal de Lomas de Zamora (he advertido, por caso, el faltante de referencias a obras de Brebbia, Argeri y Trigo Represas). Más aun, la transcripción literal efectuada por el colega de la instancia anterior -sin la debida referencia al contenido original- conforma la estructura central del encuadre normativo del caso. No hay aquí una cuestión complementaria, un obiter dictum o una simple opinión personal del juzgador. Se trata, por el contrario, de una argumentación principal –un holding- vinculado a la premisa normativa de su razonamiento, y de la cual ha extraído la solución final de la controversia. Si las argumentaciones transcriptas en el decisorio no han sido el producto de la reflexión y del estudio doctrinario y jurisprudencial del magistrado, mal pueden las partes –y este Tribunal- conocer cuál ha sido el verdadero proceso intelectivo por medio del cual arribó a su conclusión. El vicio patente en la sentencia radica en que una de las premisas centrales que conforman el esquema argumental de toda decisión (en el caso, el encuadre normativo) no ha sido edificada a partir de consideraciones y razonamientos propios del Sr. Juez. Las características de la transcripción realizada, sumada a su extensión y la importancia que tiene en el esquema argumental de la sentencia, me llevan a considerar insatisfecha la exigencia constitucional y convencional de motivación propia que fuera analizada en párrafos anteriores. Un acto jurisdiccional carente de motivación (o cuya fundamentación es notoriamente deficitaria, como en el caso) es un acto formalmente inválido y sustancialmente ilegítimo, sobre el cual este Tribunal mal puede cumplir su función revisora. La estricta observancia de la normativa ritual, constitucional y convencional analizada, y una adecuada tutela del debido proceso, lleva a que la sentencia impugnada deba ser anulada de oficio (SCBA, C. 100357 del 26/03/2015, con cit. de Ac. 79.199, sent. del 4-4-2002; C. 101.357, sent. del 25-2-2009, C. 104.865, sent. del 30-3-2010).

 

Comentando a este fallo, ANDRUET afirmó que si bien el plagio demostrado era reprobable éticamente, no bastaba para declarar la nulidad de la sentencia controvertida, en la medida que los argumentos copiados, aunque adaptados, dejaban ver la motivación que el Juez tenía para fundamentar el fallo, en un contexto donde (según el autor) no hay protección de derechos de propiedad intelectual por las sentencias:

 

Por una parte hay que señalar que está fuera de toda duda que no es correcto que en una resolución se efectúe una transcripción literal de un antecedente doctrinario o jurisprudencial de semejante extensión. Ello no resulta aprobatorio bajo ninguna técnica argumentativa, metodológica o profesional.

Sin duda que se agrava de modo notable tal suceso cuando quien lo ha hecho es una persona supuestamente formada en derecho y conoce los registros propios de la propiedad intelectual y de las indicaciones de citaciones bibliográficas o jurisprudenciales como créditos para sus autores. Admitiendo al menos precariamente en esta ocasión que los jueces, si bien creemos que no tienen una propiedad intelectual sobre las sentencias que dictan, en realidad lo que sí tienen es un derecho a ser reconocidos como autores intelectuales de un texto discursivo de naturaleza judicial, y que por ello se indica con las referencias singulares del mismo.

El juez al fin y al cabo lo que ha realizado es una conducta de plagio en el ámbito de la función pública que ejerce y que es por la cual debió o deberá seguirse una instancia ética. Pero no creemos que haya sido acertado anular el pronunciamiento por el sólo hecho de ser un plagio. En realidad los motivos para que ello fuera posible tienen que ser también de naturaleza expresa y para decirlo con la taxonomía del TSJ, que haya habido una falta de motivación o una apariencia de ella. Mas nada de eso se ha indicado, sino por el contrario el juez plagiador se ha ocupado de cuidar dichos detalles, contextualizando debidamente los argumentos importados y no referenciados de tal manera que no se advirtiera una tal inconsistencia.

Por último entonces, el caso que comentamos y el que hemos traído al recuerdo comparten una cuestión: que la motivación no era propia del juez que suscribía la sentencia. Y ello ha sido indicado en el precedente en comentario, como un defecto que ha promocionado la anulación por la Cámara y que no compartimos.
Ello así, en primer lugar, porque en el proceso formativo de la justificación que allí pueda estar, aun cuando se trate en casos que no exista plagio, no hay ninguna razón para pensar que los motivos o mejor razones tienen una continuidad entre el juez que internamente discierne y el mismo juez que luego justifica externamente su decisión. Exigir que la motivación sea propia implicaría la imposibilidad de adherir al voto de un colega en un Tribunal colegiado, impediría que por razones de economía procesal un juez siguiera un criterio jurídico que no comparte de un tribunal de instancia mayor y otras tantas variables.

Lo que la motivación tiene que lograr es que la justificación de las razones que se poseen sean expuestas con tal completitud que pueda ser reconstruida por las partes, otros tribunales y un sujeto razonable corriente.” ([46])

 

Sin duda, se trata de una cuestión muy discutible, la posibilidad de declarar o no nulas a las sentencias en infracción de plagio. En forma jocosa, algún medio periodístico aludió al Juez copiador como “Su Señoría Copy-paste” ([47]).

 

En un asunto por infracción de patentes farmacéuticas en la India (caso “F. Hoffmann-La Roche Ltd. & Anr. vs Cipla Ltd.”) en que intervino la Alta Corte de Delhi en Nueva Delhi, se había evidenciado en el pronunciamiento de dicha Corte una severa transcripción plagiaria de un artículo, lo que fue descubierto por uno de sus autores. La Alta Corte de Delhi terminó admitiendo los hechos, pidió disculpas a los autores, y ordenó eliminar, erradicando de la sentencia, el texto plagiado.

 

En nuestro país sería muy controvertida la posibilidad de eliminar u ordenar testar de las sentencias los textos plagiados, ya que como documentos públicos que son, en principio no pueden alterarse. El mismo tribunal que la dictó no podría hacerlo, porque a su respecto la sentencia es inmutable (arts. 214, 215 y 222 del Código General del Proceso). El plagio en sí es una práctica dolosa (permítasenos dudar de que pueda ser culposa -en todo caso, lo será grave-), por lo que el texto indebidamente copiado no podría pasar como un error material o desapercibido (de naturaleza obviamente involuntaria -art. 222.2 del Código General del Proceso-), y por ende no puede ser borrable ni enmendable. Aunque un tribunal superior en Alzada, o la Suprema Corte actuando en casación, podrían ordenar testar los párrafos plagiarios de sentencias de instancias anteriores, en la medida que la falta haya sido sometida a su conocimiento mediante las vías recursivas pertinentes.

 

VIII. Conclusiones

 

En la República Oriental del Uruguay, las sentencias son una creación intelectual protegida por derechos de autor, no estando excluidas de ello por ningún texto de derecho positivo. El titular de dicho derecho es el Juez. En los casos de Tribunales Colegiados o en que la sentencia hubiera recibido la asistencia de colaboradores, los titulares con todos ellos en la medida de su respectiva proporción de participación. El hecho de que las sentencias puedan estar protegidas con ciertos derechos de autor, es lo que permite perseguir ciertos usos indebidos de las mismas, entre ellos el plagio judicial.

 

Se impone algunas precisiones, debidas a limitaciones dispuestas por textos legales expresos que han sido reseñados en este:

 

1) La reproducción de los pronunciamientos de los tribunales, por ser documentos públicos y oficiales, es lícita, y pueden difundirse o publicarse, en todo o en parte, por cualquier medio. No pueden entonces restringir, ni prohibir, ni reclamar restringir o prohibir, la publicación o reproducción total o parcial de las sentencias. Tampoco pueden los Jueces alterar su contenido una vez que está pronunciada, toda vez que quieran divulgarlas, sin perjuicio de que puedan corregirles errores materiales o erratas;

 

2) Los Jueces o redactores de las sentencias carecen de derechos de “copyright” económicos por dicha reproducción o divulgación. No pueden enajenar ni ceder sus derechos autorales sobre las sentencias;

 

3) Los Jueces o los redactores de las sentencias tienen derechos de autor morales a que ses reconozca la paternidad en su autoría, a velar por que el contenido de aquéllas se publique o difunda en forma fiel. En el caso de los Jueces, tienen derecho a que se les cite si fueron redactores, como también a todos los Jueces del Tribunal Colegiado que dispusieron sus voluntades, en la medida de su respectiva participación. Cuando en la sentencia intervinieron colaboradores o asesores, estos no tienen derecho a ser citados, sin perjuicio de sus derechos morales como “ghost writers”;

 

4) Los Jueces pueden realizar obras de compilación y de colección de sus sentencias conforme a criterios que requieren actividad intelectual autoral, como ordenarlas por temas o en digestos, comentarlas, sumarizarlas o concordarlas con otras sentencias. Pueden hacer también esas colecciones incluyendo o haciéndolas exclusivamente, con sentencias suyas, de su tribunal o de distintos tribunales. En ese caso, los autores de la compilación poseen derechos de autor económicos no por las sentencias, sino por la confección del libro cuando la compilación tiene cierto valor agregado que evidencie labor;

 

5) Los Jueces o redactores de las sentencias tienen el derecho moral de poder traducir, y de controlar las traducciones de sus pronunciamientos.

 

Estando las sentencias protegidas por ciertos derechos de autoría, el plagio judicial o el plagio de las sentencias es una práctica ilícita, prohibida por el Derecho, eventualmente sancionable administrativamente y perseguible judicialmente. Si bien en los hechos y en la práctica es tolerada, conlleva de todos modos una falta moral y ética.

 

Las situaciones más frecuentes de plagio de las sentencias suelen advertirse en la apropiación indebida de textos de los Considerandos de otros pronunciamientos, de trabajos académicos, de escritos de las partes o de cualquier obra escrita en general, con contenidos de originalidad y creatividad, que se utilizan como propios por otros pronunciamientos judiciales.

 

Los Jueces o los redactores de las sentencias tienen la prerrogativa de reclamar contra el uso plagiario de sus textos, mediante las acciones civiles que correspondan para que sean protegidos sus derechos morales de autor.

 

 

 

Petrarum, die decimo septimo mensis Septembris Anni Domini MMXX



 



[1] Personaje principal de El Burgués Gentilhombre, de Jean-Baptiste Poquelin (Molière).

[2] TIZÓN Héctor, Poetas de la Ley, en La Opinión Ilustrada No. 18, Octubre-Noviembre 2008, p. 1. En http://revistavirtualia.com/storage/articulos/pdf/kXrCMx97BaT2KSzfIoW9UgHVRfs1dgnjBH4hUQrl.pdf (consultado el 31.8.2020).

[3] CALAMANDREI Piero, Opere giuridiche Volume I. Probleme generali del diritto e del processo, Roma, Roma TrE-Press, 2019, ps. 11-54.

[4] CALAMANDREI Piero, Proceso y Democracia, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1960, ps. 75-76 y 78.

[5] FERNÁNDEZ-NOVOA Las obras oficiales, en ROGEL Carlos (coord.), Leyes, actos, sentencias y propiedad intelectual, Madrid, Reus-Aisge, 2004, p. 12.

[6] NEGRI Juan Javier, La falta de independencia de un Juez narcisista, panfletario y militante. Publicado el 8.9.2020 en https://www.negri.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/2M-LA-FALTA-DE-INDEPENDENCIA-DE-UN-JUEZ-NARCISISTA-PANFLETARIO-Y-MILITANTE.pdf (consultado el 9.9.2020).

[7] Arts. 32, 33, 36, 53, 72 y 332 de la Constitución nacional, art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. XII.2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 17 y 27.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por la Ley No. 13.751), art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (ratificada por el art. 15 de la Ley No. 15.737, art. 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos (ratificada por la Ley No. 16.519).

[8] Costa Rica - Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expediente número 1805-S-90, sentencia número 2134-95 del 2 de mayo de 1995.

[9] VILLALBA Carlos A. - LIPSZYC Delia, El Derecho de Autor en la Argentina segunda edición actualizada, La Ley - Thomson Reuters, Buenos Aires, 2009, ps. 50-52.

[10] STOLFI Nicolas, Traité théorique et practique de la propriété littéraire et artistique Tome Prémier, M. Giard & e. Brière Libraires-Éditeurs, 1916, fs. 492-493.

[11] Sentencias del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno Nos. SEI 0008-000129/2013, SEF 0008-000082/2014, SEI 0008-000032/2015, SEF 0008-000116/2018, SEF 0008-000151/2019, SEF 0008-000066/2020, y tantas otras.

[12] GAMARRA Francisco, La vocación judicial. Edición especial dispuesta por la Suprema Corte de Justicia en homenaje al Dr. Francisco Gamarra. Maestro de Jueces, en el año de su fallecimiento, Montevideo, s/e, p. 25.

[13] FRIEDMAN, Peter Ben, What is a Judicial Author? (January 18, 2010), en Mercer Law Review Vol. 62, No. 519, ps. 531-532, en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1538633 (consultado el 1.9.2020).

[14] ORDOQUI Gustavo, La creación del derecho es obra de los grandes juristas, prólogo al libro de TORELLO Luis - ORDOQUI CASTILLA, Fallos de Casación de la Suprema Corte de Justicia 1992-1993, Civil - Familia - Laboral - Penal, Montevideo, Ediciones del Foro, 1994, ps. V, VI y VIII.

[15] BUGALLO MONTAÑO Beatriz, ¿Quién es el “dueño” de las sentencias judiciales en Uruguay? O El Juez como autor de sus sentencias, en http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2018/10/quien-es-el-dueno-de-las-sentencias.html (consultado el 28.8.2020).

[16] MURILLO CHÁVEZ Javier André, El copyright del Juez. ¿Y si demostramos que el Derecho de Autor podría mejorar -en cierto sentido- la justicia?, en Revista La Propiedad Inmaterial, No. 23, enero-junio de 2017, ps. 69-129.

[17] VILLALBA DÍAZ Federico Andrés, Algunos aspectos sobre los derechos de autor en Internet, en http://www.justiniano.com/revista_doctrina/LOS_DERECHOS_DE_AUTOR_EN_INTERNET.htm (consultado el 4.9.2020). BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, Propiedad intelectual y derecho de autor, en http://recinfo.uns.edu.ar/es/content/propiedad-intelectual-y-derecho-de-autor (consultado el 4.9.2020). Ver también Nota 10.

El art. 64 de la Ley No. 11.723 argentina expresa: “Todas las reparticiones oficiales y las instituciones, asociaciones o personas que por cualquier concepto reciban subsidios del Tesoro de la Nación, están obligados a entregar a la Biblioteca del Congreso Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57, el ejemplar correspondiente de las publicaciones que efectúen, en la forma y dentro de los plazos determinados en dicho artículo. Las reparticiones públicas están autorizadas a rechazar toda obra fraudulenta que se presente para su venta. Mas entendemos, que esto no impacta en el objeto de nuestro estudio.

[18] Ver Nota 10.

[19] Citado por BUGALLO MONTAÑO Beatriz, ¿Quién es el “dueño” de las sentencias judiciales en Uruguay? O El Juez como autor de sus sentencias, en http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2018/10/quien-es-el-dueno-de-las-sentencias.html (consultado el 28.8.2020).

[20] ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, Derecho de Autor Tomo I, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Caracas, 1998, ps. 145-146.

[21] ANTEQUERA PARRILLI, Manual para la enseñanza del derecho de autor y derechos conexos Tomo I, Escuela Nacional de la Judicatura, Santo Domingo, 2001, ps. 196-197.

[22] BUGALLO MONTAÑO Beatriz, ¿Quién es el “dueño” de las sentencias judiciales en Uruguay? O El Juez como autor de sus sentencias, en http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2018/10/quien-es-el-dueno-de-las-sentencias.html (consultado el 28.8.2020).

[23] BUGALLO MONTAÑO Beatriz, ¿Quién es el “dueño” de las sentencias judiciales en Uruguay? O El Juez como autor de sus sentencias, en http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2018/10/quien-es-el-dueno-de-las-sentencias.html (consultado el 28.8.2020).

[24] BUGALLO MONTAÑO Beatriz, ¿Quién es el “dueño” de las sentencias judiciales en Uruguay? O El Juez como autor de sus sentencias, en http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2018/10/quien-es-el-dueno-de-las-sentencias.html (consultado el 28.8.2020).

[25] Recordamos por ejemplo, en el Uruguay, el libro que el Juez Dr. Álvaro MACEDO publicó compilando algunos pronunciamientos suyos, que fueron clasificados por materias (MACEDO Álvaro F., Sentencias. Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Procesal, Claudio García & Cia. Editores, Montevideo, 1943). También recordamos la compilación de sentencias de casación de la Suprema Corte de Justicia, que el Magistrado Dr. Luis TORELLO realizó con el Dr. GUSTAVO ORDOQUI (TORELLO Luis - ORDOQUI CASTILLA, Fallos de Casación de la Suprema Corte de Justicia 1992-1993, Civil - Familia - Laboral - Penal, Montevideo, Ediciones del Foro, 1994).

[26] MURILLO CHÁVEZ Javier André, El copyright del Juez. ¿Y si demostramos que el Derecho de Autor podría mejorar -en cierto sentido- la justicia?, en Revista La Propiedad Inmaterial, No. 23, enero-junio de 2017, ps. 104-109.

[27] CASTIGLIONI Carmelo, Derechos Intelectuales, Intercontinental Editorial, Asunción, 2019, ps. 124-125.

[28] BUGALLO MONTAÑO Beatriz, ¿Quién es el “dueño” de las sentencias judiciales en Uruguay? O El Juez como autor de sus sentencias, en http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2018/10/quien-es-el-dueno-de-las-sentencias.html (consultado el 28.8.2020).

[29] ANTEQUERA PARRILLI, Manual para la enseñanza del derecho de autor y derechos conexos Tomo I, Escuela Nacional de la Judicatura, Santo Domingo, 2001, p. 95 y 112-115. CASTIGLIONI Carmelo, Derechos Intelectuales, Intercontinental Editorial, Asunción, 2019, ps. 79-86.

[30] MURILLO CHÁVEZ Javier André, El copyright del Juez. ¿Y si demostramos que el Derecho de Autor podría mejorar -en cierto sentido- la justicia?, en Revista La Propiedad Inmaterial, No. 23, enero-junio de 2017, ps. 116-117.

[31] CASEROTTO MIRANDA Cintia, Una cuestión paradójica: El poder judicial se encontraría excluido de lo dispuesto en la Ley de Propiedad intelectual, en Perspectivas Metodológicas /21/Vol. I /mayo, Año 2018, ps. 150-151. En http://revistas.unla.edu.ar/epistemologia/article/view/1904/1295 (consultado el 29.8.2020).

[32] Tomamos esta clasificación que CASTIGLIONI realiza para los derechos conexos a los derechos de autor.. Ver CASTIGLIONI Carmelo, Los derechos conexos no son conextos (al derecho de autor), Editorial Lina S.A., Asunción, 2017, ps. 651-657.

[33] CASEROTTO MIRANDA Cintia, Una cuestión paradójica: El poder judicial se encontraría excluido de lo dispuesto en la Ley de Propiedad intelectual, en Perspectivas Metodológicas /21/Vol. I /mayo, Año 2018, ps. 150-151. En http://revistas.unla.edu.ar/epistemologia/article/view/1904/1295 (consultado el 29.8.2020).

[34] SÁENZ, Diego, El plagio de los jueces en las sentencias, en Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, Número 4, diciembre 2014, en https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=eb89910e8c568b90c118d8358391869d (consultado el 2.9.2020).

[35] SÁENZ, Diego, El plagio de los jueces en las sentencias, en Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, Número 4, diciembre 2014, en https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=eb89910e8c568b90c118d8358391869d (consultado el 2.9.2020).

[36] CASEROTTO MIRANDA Cintia, Una cuestión paradójica: El poder judicial se encontraría excluido de lo dispuesto en la Ley de Propiedad intelectual, en Perspectivas Metodológicas /21/Vol. I /mayo, Año 2018, PS. 147-148. En http://revistas.unla.edu.ar/epistemologia/article/view/1904/1295.

[37] SÁENZ, Diego, El plagio de los jueces en las sentencias, en Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, Número 4, diciembre 2014, en https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=eb89910e8c568b90c118d8358391869d (consultado el 2.9.2020).

[38] CASEROTTO MIRANDA Cintia, Una cuestión paradójica: El poder judicial se encontraría excluido de lo dispuesto en la Ley de Propiedad intelectual, en Perspectivas Metodológicas /21/Vol. I /mayo, Año 2018, ps. 149 150 y 151. En http://revistas.unla.edu.ar/epistemologia/article/view/1904/1295 (consultado el 29.8.2020).

[39][39] RICHMOND Douglas R., Unoriginal sin: the problem of judicial plagiarism, en Arizona State Journal, Volume 45 (2013). ps. 1077-1105.

[40] GAMARRA Francisco, La vocación judicial cit., p. 8.

[41] MURILLO CHÁVEZ Javier André, El copyright del Juez. ¿Y si demostramos que el Derecho de Autor podría mejorar -en cierto sentido- la justicia?, en Revista La Propiedad Inmaterial, No. 23, enero-junio de 2017, ps. 89-90.

[42] Caso Joel Grove en Canadá, citado por HANENKRAT Kaley - MYKOLA Kolotylo, Plagiarism and Punishment of Judges for stealing work of others, en http://en.dejure.foundation/column/plagiarism-and-punishment-of-judges-for-stealing-work-of-other (consultado el 31.8.2020). BAILEY Jonathan, Judicial plagiarism strikes India, en http://www.ithenticate.com/plagiarism-detection-blog/judicial-plagiarism-strikes-india#.X00KEchKiUl (consultado el 31.8.2020).

[43] Art. 5º inc. 1º de la Ley No. 9.739 (igual texto tiene el art. 2. del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y el art. 9.2 del ADPIC): “La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

[44] RICHMOND Douglas R., Unoriginal sin: the problem of judicial plagiarism, en Arizona State Journal, Volume 45 (2013). ps. 1077-1105.

[45] FRIEDMAN, Peter Ben, What is a Judicial Author? (January 18, 2010), en Mercer Law Review Vol. 62, No. 519, ps. 528-529, en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1538633 (consultado el 1.9.2020).

[46] ANDRUET Armando Segundo, Entre el plagio y la motivación de las sentencias, en Comercio y Justicia, 15 de junio de 2016, en https://comercioyjusticia.info/blog/opinion/entre-el-plagio-y-la-motivacion-en-las-sentencias/ (consultado el 4.9.2020).

[47] WERNER Matías, Su Señoría Copy-paste, en Diario Judicial, 22 de abril de 2016, en https://www.diariojudicial.com/nota/75003/civil-y-comercial/su-senoria-copy-paste.html (consultado el 14.9.2020). El Fallo completo del caso se puede leer en “http://public.diariojudicial.com/documentos/000/067/979/000067979.pdf” (consultado el 14.9.2020).