lunes, 24 de noviembre de 2014

CONSIDERACIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LO SOCIAL, LO POLÍTICO Y LO JURÍDICO (VIII)

DE LO SOCIAL, LO POLÍTICO Y LO JURÍDICO (VIII)


La justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad que son las columnas de este edificio.
Simón Bolívar, Discurso pronunciado en Bogotá el 23 de enero de 1815, en BOLÍVAR Simón, Discursos y Proclamas”, Caracas, Editorial Ayacucho, 2007, p. 58.


Toda reforma a la Administración de Justicia debe estar destinada a mejorar el sistema y no a empeorarlo. No se justifica el cambio de lo que ya funciona bien, si no es para que funcione aun mejor. Ningún cambio en el sistema judicial es sincero si no está motivado por brindar un servicio de verdadera calidad.


Mejorar la Administración de Justicia debe garantizar más Libertad e Igualdad, mayor Independencia (con mayúscula) para los Jueces (porque esa Independencia es el resguardo de los habitantes “de a pie”, esos que no tienen amigos, ni partido, ni ONG ni corporación que los apadrine, y que son la inmensa mayoría de la población), mayor efectividad y mejor tutela integral de los derechos de los individuos.

Es menester que la Justicia se planifique en función de una concepción de Estado, y no para que sea funcional a un cierto proyecto de gobierno. La innovación de la Justicia se abstendrá de instalar la injerencia y la cuotificación política o corporativa, el hegemonismo partidario y el control ideológico o de opinión (directo o velado) sobre los Magistrados Judiciales. Además, evitará crear mayor burocracia y más cargos públicos. Debe provenir de un real consenso ciudadano y no de la insistencia de unos eventuales iluminados.

Si se pretende considerar la experiencia de modelos extranjeros, debe utilizarse la de que aquellos que sean probadamente mejores que el nuestro. No parece ser un buen camino, querer replicar o adaptar sistemas de países con menores niveles internacionales de transparencia, de independencia y de efectividad judicial que el Uruguay, o con mayores índices de corrupción; es un derrotero equivocado que conducirá al fracaso.

El Uruguay posee el mejor Poder Judicial de Latinoamérica en cuanto a rankings de Transparencia, Credibilidad y Efectividad, y uno de los mejores del mundo; se encuentra al mejor nivel promedio de los países europeos. Lo comprueban los análisis de Latinobarómetro, Transparencia Internacional y de la consultora Cifra. Todo eso a pesar de los pesares, y de las embestidas bagualas que se han intentado para minar su credibilidad e independencia. Una pretensión de modificación de las estructuras judiciales de nuestro país, ¿está realmente animada en el espíritu de incrementar aun más esta calidad que han evidenciado nuestros servicios de justicia? Debe tener muy claro los criterios sobre cómo hacerlo. ¿Quienes pretenden modificar la estructura del sistema judicial uruguayo, se proponen también mejorarla? No puede jugarse en esto con una mentalidad cortoplacista e ideológica, porque se compromete la libertad, el desarrollo, la seguridad y el porvenir de todo un pueblo.  Hay quienes creen que cambiar al Poder Judicial pasa por tenerlo políticamente contenido, pero es un error. Los estudios demuestran que en las administraciones de justicia existe una relación directamente proporcional entre control político, corrupción y desprotección ciudadana; razón importante para evitar un viaje por esos derroteros. 

¡Bienvenidas las reformas y los cambios para la Justicia! Pero en serio y para mejor, para asegurarle más Independencia y efectividad, para la Libertad y la Igualdad, realmente para todos, inspirada por nobles fines. No para burocratizarla, ni para perjudicarla, ni para controlarla política e ideológicamente.

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