martes, 25 de marzo de 2014

CONSIDERACIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LO SOCIAL, LO POLÍTICO Y LO JURÍDICO (IV)


DE LO SOCIAL, LO POLÍTICO Y LO JURÍDICO (IV)

La vigencia de una norma depende de la probabilidad de encontrar obediencia en los habitantes y en las generaciones. Esa obediencia a su vez reposa sobre dos bases: el respaldo que le brinda la autoridad política, y el reconocimiento social espontáneo sobre su legitimidad y conveniencia. La norma debe imponer pero también convencer. No basta que la norma sea conservada o impuesta solamente por la autoridad, sino que necesita de la convicción o el consenso de las gentes. Si la autoridad política no presta atención o es impotente para respaldar la norma, o si ésta es rechazada o resistida por la conciencia social, la norma corre el riesgo de transformarse en letra muerta o de ser desobedecida. La norma que encuentra su legitimidad solamente en la fuerza o que se mantiene por la terquedad de sus gobernantes, se transforma en un fin en sí mismo y deja de ser un instrumento al servicio del individuo, por lo que es perniciosa e injusta. Insistir en esa clase de normas desmerecidas o ajenas a la conciencia social del momento, sólo provocará fragmentaciones y conflictos.

El pronunciamiento de las mayorías da legitimidad a las decisiones en las Democracias; podremos cuestionar si a veces se equivocan o no, si su voluntad es libre o si está conducida o engañada, pero en una Democracia es el método menos malo para garantizar la responsabilidad y legitimidad de una decisión y de una norma. En determinados casos no queda alternativa que las mayorías deban laudar, porque en el momento de decidir no siempre es posible la unanimidad. El espíritu democrático exige que una vez aprobada la decisión, todos, de acuerdo o no, cerremos filas en torno a ella, sin perjuicio de nuestro derecho a bregar para su oportuno cambio dentro de los mecanismos legítimos del Derecho y de la convivencia. La Democracia, no obstante lo expuesto, no es una tiranía de las mayorías, sino el gobierno del pueblo (y no de un sector del pueblo, aunque pretenda medirse por su número); en ella es más importante integrar que dominar. Si todos construyéramos a partir de lo que concordamos y no perdiéramos tiempo en pugnar por lo que nos divide, sería importante. 

La Democracia no es un mal necesario ni un pretexto para imponer a través de sus mecanismos una ideología excluyendo o reprimiendo a quienes no participen o comulguen con ella; la concebimos como el arte de construir a partir de aquello en lo que todos estamos de acuerdo y como una oportunidad para desarrollar un proyecto político en el que todos estemos de acuerdo, en Libertad y en Igualdad. Es una postulación absurda pretender que pueda llegarse a la Libertad y a la Igualdad a través de un autoritarismo de la clase que fuere, o prescindiendo de los que tengan una opinión diferente. La confrontación, el desprecio del otro por ser u opinar diferente, no construye ni Justicia, ni Democracia política, ni Paz social. Un proceso político que no es aceptado por una importante parte de la población, que se sustenta sobre una mecánica de amigos-partidarios y de enemigos-disidentes, se transforma en una dictadura que tarde o temprano sucumbirá bajo la propia espada y lógica perversa con que pretendió sojuzgar.

miércoles, 5 de marzo de 2014

CONSIDERACIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LO SOCIAL, LO POLÍTICO Y LO JURÍDICO (III)

DE LO SOCIAL, LO POLÍTICO Y LO JURÍDICO (III)
 
El interés general se encuentra protegido en la medida de que los derechos de cada uno estén garantidos por quienes detentan la conducción de la sociedad. Esta idea se encuentra claramente ilustrada por el art. 1. de la Constitución francesa de 1793: “El fin de la sociedad es el bienestar común. El gobierno ha sido instituido para garantir al hombre la plenitud de sus derechos naturales e imprescriptibles”. El gobernante, magistrado o funcionario que pretenda atentar contra las libertades de una sola persona se convierte en el enemigo de todos.

La vitalidad de los derechos no depende de confiar o de exigir su custodia a una persona o a una entelequia institucional. Los derechos en nuestro entender no se otorgan ni se reconocen, sino que se obtienen como resultado de una conquista de todos los días. El bienestar social se logra a través de velar por el bienestar de cada uno. Uniendo ideas de Borges y de Von Ihering, lo que un hombre hace es como si lo hicieran todos los hombres; por tanto, cuando alguien defiende sus derechos, está defendiendo que los demás puedan ejercer los suyos. Velando por nuestros derechos obtendremos que los respeten; nada ni nadie nos los dará, sino que debemos oponerlos y hacerlos valer por nuestro esfuerzo. Para lograr ese respeto podemos ayudarnos del orden jurídico, ya que es el espacio para defender el ejercicio de las libertades, para exigir a los gobernantes y a los cohabitantes a acatarlas y respetarlas. Todo debe por ende, transcurrir dentro del buen Derecho que es para el beneficio común y no para perjudicar a nadie; fuera de él, nada.

Las normas, destinadas a guiar y no a sojuzgar, deben dictarse dentro de los lineamientos y principios que ha acordado la “norma virtual” que encarna los valores y principios en que todos los seres humanos  de una sociedad civil están de acuerdo. El bien máximo que dio causa a esa norma virtual en la cual se concentran todos los valores y aspiraciones de una sociedad, es la Felicidad, que se proyecta en todos los niveles de lo social, lo político y lo jurídico como fin último de cada uno y de todos ellos. Recordamos que un Derecho, un Gobierno, una Sociedad, no son fines en sí mismos ni se justifican por sí mismos. Ninguna libertad tiene sentido, ninguna sociedad encontrará su propósito, ningún gobernante o magistrado se sentirá legitimado, ningún orden jurídico gozará de prestigio, si no apunta hacia la Felicidad.

Destacar a la Felicidad como propósito de todo lo que es Humano, evidencia que es prioritaria en el orden de un programa progresista en el buen y elevado sentido, hacia arriba y hacia adelante, para siempre.